Entrevista a Pablo Alcántara, historiador y militante de Izquierda Revolucionaria
Este 2025 se conmemora el 50 aniversario de la muerte de Franco. Dos días después del fallecimiento del dictador, Juan Carlos I era proclamado su sucesor como jefe del Estado por las Cortes franquistas. Comenzaba la conocida oficialmente como Transición española. Pero desde ese día, hasta bien entrados los años ochenta, más de 300 militantes, trabajadores y jóvenes estudiantes fueron asesinados por la policía y bandas de extrema derecha.
En lugar de dar voz a las víctimas y adoptar medidas serias para acabar con la impunidad de esos crímenes, el Gobierno del PSOE-Sumar ha puesto en marcha una campaña de actos institucionales a los que ha titulado “España en libertad”.
Para conversar sobre ello entrevistamos a Pablo Alcántara, militante de Izquierda Revolucionaria y joven historiador que ha recibido un reconocimiento importante por sus obras La secreta de Franco, publicada hace dos años, y DGS, el palacio del terror franquista, aparecida en 2024.
El Militante.- Díaz Ayuso se niega a considerar la Dirección General de Seguridad como lugar de memoria. ¿Qué nos puedes explicar de la DGS como espacio de tortura de la dictadura?
Pablo Alcántara.- La Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol madrileña, fue el epicentro de la represión y la violencia policial entre septiembre de 1939 y finales de 1983, ocho años después de la muerte del dictador.
La historia de muertes a manos de la policía se abrió con el asesinato de un obrero de Telefónica y sindicalista de UGT, Sergio Álvarez Ibáñez, a pocos meses de acabar la guerra civil y finalizó con el asesinato y desaparición de El Nani, en noviembre de 1983. Entre medias, más de cuarenta años en los que la DGS dirigía la represión policial en todo el país con la Brigada Político-Social como principal baluarte de hostigamiento y persecución contra la militancia antifranquista.
Miles y miles de obreros, estudiantes, personas del colectivo LGTBI, intelectuales y artistas pasaron por sus calabozos y sufrieron las más crueles torturas, tanto físicas como psicológicas. Incluso hombres y mujeres que fueron asesinadas entre las cuatro paredes de este siniestro lugar, también durante la “ejemplar” Transición.
EM.- Como historiador que trabajas en una supuesta “democracia plena”, ¿te has encontrado obstáculos para investigar sobre los crímenes del franquismo?
PA.- La verdad, sí. Tanto la Ley de Secretos Oficiales de 1968 (una ley franquista que han prometido cambiar, pero que, de momento, nada de nada) como la de Patrimonio Histórico (que impide consultar documentación personal y policial de personas que siguen vivas o murieron hace menos de 25 años) ponen muchos palos en la rueda para investigar, especialmente sobre el tardofranquismo y la Transición.
Cuando pides información de boletines policiales o expedientes personales de agentes, pueden tardar meses en contestarte y si lo hacen favorablemente, ver esos documentos puede demorar un año o más. Y muchas veces la información aparece tachada o no está todo lo que esperabas, porque parte de los datos han sido eliminados de forma deliberada. De hecho, un miembro de UCD en la Transición, Óscar Alzaga, reconoció que Martín Villa, ministro del Interior entonces, quemó miles y miles de documentos de la dictadura.
EM.- ¿Cuál es tu opinión sobre la Ley de Amnistía del 77 y las sucesivas leyes sobre la memoria democrática? ¿El PSOE ha empujado a favor de la verdad y la justicia o sigue blindando la impunidad?
PA.- La Ley de Amnistía fue una ley de punto final de los crímenes del franquismo. Lo dice la propia normativa que en su artículo 2 apartado e) remarca que serán amnistiados los delitos de “funcionarios y agentes del orden público” de la época franquista.
Hubo militantes antifranquistas que se atrevieron a denunciar a sus torturadores, incluso alguno fue sancionado (como el Inspector José Matute, acusado de asesinar a un militante comunista canario, Antonio González). Sin embargo, con la Ley de Amnistía, todos esos casos fueron cerrados, los agentes no fueron juzgados y la mayoría pudo seguir haciendo carrera en la policía, incluso algunos fueron nombrados jefes de Brigadas Antiterroristas o de la Policía Nacional.
Respecto a las leyes de memoria histórica creo que han sido muy insuficientes y, sobre todo, no han acabado con el modelo de impunidad del franquismo. El PSOE se ha mostrado como un firme defensor de la Ley de Amnistía, diciendo que es “un pilar de nuestra democracia”, cuando en realidad con ella se ha impedido juzgar los crímenes franquistas no solo en nuestro país, sino también en Argentina.
Policías, militares, jueces y políticos que participaron en la represión han podido hacer su vida sin pasar por los juzgados. Mientras, seguimos teniendo miles de fosas comunes sin exhumar, los currículums escolares no tratan el tema de la represión, seguimos con dificultades de acceso a muchos archivos...
Gracias a la lucha incansable de las asociaciones memorialistas, de organizaciones de la izquierda, de víctimas del franquismo, y de algunos investigadores y periodistas, se han dado pasos adelante. Pero muchas veces con poca o nula ayuda de las instituciones y otras muchas poniendo trabas. El Gobierno más “antifranquista de la Historia” poco ha hecho por dar justicia y verdad a los luchadores antifranquistas.
EM.- Ante el ascenso global de la extrema derecha, ¿cómo hay que unir la lucha por la justicia, la verdad y la reparación con el combate antifascista?
PA.- El estudio de este periodo histórico es clave para entender lo lejos que pueden llegar los fascistas, con el apoyo de los grandes capitalistas, para mantener sus privilegios. No es solo memoria, es fundamental para el presente.
Denunciar la impunidad del franquismo es denunciar a quienes se hicieron ricos con la represión a la clase obrera, con el trabajo esclavo, con la sobreexplotación durante la dictadura y que, a día de hoy, siguen manteniendo su poder en el IBEX 35. Es señalar que debido a la no depuración de los elementos franquistas del aparato del Estado durante los años setenta, hoy vemos un ejército, una policía, una judicatura plagada de ultraderechistas que apoyan las políticas más salvajes contra los trabajadores, las mujeres y el feminismo, el colectivo LGTBI, las personas migrantes, etc. Es denunciar la corrupción de la monarquía, puesta a dedo por Franco. Es denunciar el españolismo rancio que quiere acabar con cualquier política en favor de Euskal Herria, Catalunya y Galiza y tener esa “España una, grande y libre” que solo ellos puedan controlar. Es también desnudar este podrido régimen del 78 y el capitalismo que nos está arrojando a la miseria y la barbarie. Es batallar por un mundo donde los luchadores antifascistas sean reconocidos y sus verdugos juzgados. Es, en definitiva, luchar por el socialismo.