General

En el primer artículo de la serie analizamos en profundidad la respuesta insurreccional de la clase obrera frente al golpe fascista. La derrota de los militares en las principales ciudades abrió un escenario completamente inesperado: los trabajadores y campesinos armados se hicieron con las palancas del poder real en la zona republicana y comenzaron una transformación radical del orden social y político.

Desde el punto de vista práctico, las tareas de la revolución democrática-burguesa, a la que aludían siempre los sectores de la izquierda reformista como la tarea histórica pendiente, fueron satisfechas en pocas semanas gracias a la actuación de los obreros en armas. Decenas de miles de hectáreas de los latifundistas fueron incautadas y colectivizadas, y la tierra se puso a producir obteniendo rendimientos muchos más altos que en tiempos de paz. La reforma agraria se implementó en pocas semanas en territorio republicano, pero las realizaciones revolucionarias fueron mucho más allá enlazando con medidas abiertamente socialistas.

Tras derrotar el golpe fascista en las principales ciudades, los trabajadores y campesinos armados se hicieron con las palancas del poder real en la zona republicana y comenzaron una transformación radical del orden social y político.

Entre julio y octubre de 1936 las incautaciones de la propiedad capitalista, tanto de fábricas como de tierras, y el control obrero sobre la actividad productiva, fue incluso mayor que la realizada por los bolcheviques en los meses inmediatamente posteriores a octubre de 1917. En el campo, los bolcheviques tuvieron que adoptar el programa de los socialistas revolucionarios de izquierda, es decir, la nacionalización de la propiedad de la tierra y su reparto entre el campesinado, mientras que en el caso de la revolución española la colectivización de la tierra fue asumida de forma natural por decenas de miles de campesinos pobres y jornaleros que habían visto sus expectativas frustradas durante años, después de que el Parlamento republicano aprobase una ley de reforma agraria infame que dejó intacto el poder de los terratenientes.

Las primeras semanas de la resistencia obrera al golpe militar, y las realizaciones revolucionarias que las acompañaron, colocaron a las organizaciones de la izquierda ante el espejo. Todos los programas, las estrategias y los líderes fueron sometidos a una prueba crucial.

Defensa de la “república democrática”, repudio de la revolución socialista

El ala de derechas del PSOE, con Prieto y Negrín a la cabeza (Besteiro se había desprestigiado completamente después de denunciar que los obreros hubieran recurrido a las armas en octubre de 1934), afianzó sus vínculos con los republicanos y con la dirección del PCE, en una comunión ideológica que está harto documentada. En esta fase, su visión de la guerra y la revolución coincidía en esencia con la de la Internacional Comunista estalinizada, lo que no evitó desavenencias y enfrentamientos entre Prieto y los dirigentes del PCE que se recrudecerían al final de la guerra y en el exilio.

En cuanto a Largo Caballero —el líder con más autoridad del movimiento socialista y con más influencia entre las masas obreras— mantuvo una posición atravesada por una aguda contradicción: si en sus declaraciones públicas abogaba por la revolución proletaria y se manifestaba en contra de las coaliciones con la burguesía republicana, en los hechos apoyó el acuerdo de Frente Popular y sostuvo al Gobierno de Azaña en los asuntos fundamentales.

En el auge huelguístico de febrero a julio de 1936, especialmente en el gran conflicto que sostuvieron los obreros de la construcción madrileña dirigido por la CNT, repitió su comportamiento de los meses previos a la insurrección de Octubre del 34, manteniendo una actitud ambigua cuando no de hostilidad. A pesar de su desconfianza que mostró con la absorción política de las Juventudes Socialistas por parte de las Comunistas en la JSU (Juventud Socialista Unificada), Largo Caballero la aceptó y se convirtió en un agitador activo a favor de la unidad orgánica de ambos partidos. En ambas empresas, el resultado final fue de signo muy distinto al que esperaba: después del éxito entrista del estalinismo entre los jóvenes socialistas, el PCE pudo por primera vez conquistar una base de masas real, que se acrecentó con el apoyo militar soviético[1].

En cualquier caso, las disputas más importantes en aquellas semanas surgieron en torno a la cuestión de las milicias y la reconstrucción del ejército en la zona republicana.

Cuando el Gobierno de Giral fue designado tras la dimisión de Martínez Barrio el 19 de julio, y llamó al alistamiento a 10.000 soldados reservistas para organizar una fuerza independiente de las milicias y bajo mando gubernamental, los dirigentes del PCE apoyaron inmediatamente la propuesta. Pero la opinión de la izquierda socialista liderada por Largo Caballero no fue tan positiva. Como denunció Claridad, el órgano caballerista: “Pensar en otro tipo de ejército para sustituir a los que actualmente luchan y que en cierto modo controlan su propia acción revolucionaria es pensar en términos contrarrevolucionarios. Eso es lo que Lenin dice [El Estado y la revolución]: ‘Cada revolución, tras la destrucción del aparato del Estado, nos enseña cómo la clase gobernante restablece cuerpos especiales de hombres armados a su servicio, y cómo las clases oprimidas intentan crear una nueva organización de un tipo capaz de servir no a los explotadores, sino a los explotados.’ Nosotros (…) debemos cuidar de que las masas y los dirigentes de las fuerzas armadas, que deben ser sobre todo el pueblo en armas, no se nos escapen de las manos”[2].

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Las primeras semanas de la resistencia obrera al golpe militar, y las realizaciones revolucionarias que las acompañaron, colocaron a las organizaciones de la izquierda ante el espejo. Todos los programas, las estrategias y los líderes fueron sometidos a una prueba crucial.

Pero semanas más tarde, con Largo Caballero ya al frente del Gobierno a partir del 4 de septiembre, su postura respecto al ejército dio un giro de 180º grados. Lo mismo se puede decir de otras cuestiones esenciales que afectaban al futuro de la revolución, como los comités obreros que gestionaban las fábricas, las colectivizaciones, las patrullas de control que ejercían labores policiales y de represión de la quinta columna, los tribunales revolucionarios, o una política exterior internacionalista que llamará a la extensión de la revolución socialista… En todos estos asuntos de vital importancia, el centrismo de Largo Caballero le mantuvo en una posición ambigua y en muchas ocasiones abiertamente incoherente, que lo desarmó políticamente frente a rivales mucho más consecuentes.

En cuanto a la actitud de respaldo que el PCE observó hacia el Gobierno republicano de Casares Quiroga en las fechas cruciales del 18 y 19 de julio, cuando se negó en redondo a armar a los trabajadores, poco cambió en las semanas posteriores. “Como recordó posteriormente en sus memorias Vicente Uribe”, escribe Hernández Sánchez, “el PCE brindó todo su apoyo posible al Gobierno de José Giral e hizo cuanto pudo para ayudarle en su tarea, aunque la valoración que le mereciera era muy pobre: ‘Podía derribársele por sí solo en cualquier momento.’ Pero era la representación legal de la República y había que mantenerlo a toda costa”[3].

Pero como ocurrió en otros momentos de la lucha, los dirigentes estalinistas no eran tan estúpidos como para no adaptar su discurso a la realidad inapelable. Miles de militantes comunistas de base habían participado activamente en los combates callejeros contra la sublevación fascista. En Madrid, en Málaga, en Asturias, jugaron un papel destacado. También en la resistencia armada contra las fuerzas de Queipo de Llano en Sevilla, plaza fuerte del partido, y que se saldó con una matanza brutal de obreros comunistas, prolongada en la furiosa represión contra los pueblos jornaleros de la provincia.

La situación revolucionaria abierta en la España republicana fue reconocida a regañadientes por los periódicos comunistas europeos. El 22 de julio, el Daily Worker, órgano del PC británico señalaba en su editorial: “En España, socialistas y comunistas luchan hombro con hombro en encendida batalla para defender sus sindicatos y sus organizaciones políticas, para salvar la República española y para defender las libertades democráticas para poder avanzar hacia una república soviética española”[4]. Pero todos estos excesos dialécticos de primera hora pronto se cortaron de cuajo.

Aunque la defensa de los pactos con la burguesía “democrática”, y de los acuerdos diplomáticos alcanzados por Stalin con las potencias imperialistas enfrentadas a Hitler y a Mussolini, les obligaba a seguir un curso contradictorio con los acontecimientos españoles, las directrices de Moscú no tardaron en convertirse en una ley de hierro para todos los partidos comunistas. Y eso tuvo consecuencias extraordinariamente importantes: en lugar de ponerse a la cabeza de las realizaciones revolucionarias, de impulsarlas y generalizarlas, los dirigentes del PCE hicieron todo lo contrario. No había que saltar los límites de la “defensa de la república democrática”. Era fundamental dejar claro que no se estaba llevando a cabo una revolución socialista y, aunque los hechos refutaban esta falsa teoría, contaron con la cobertura política del gran aparato propagandístico de la Comintern para convencer al movimiento obrero europeo y del mundo.

En un telegrama enviado desde el Secretariado de la Comintern a los dirigentes del PCE, el 31 de julio de 1936, se subraya cual debe ser su actuación:

          “Con el objetivo de facilitar una ayuda real y eficaz al pueblo español, y a fin de paralizar la campaña de la prensa mundial reaccionaria, os aconsejamos que intervengáis para que el Gobierno haga una declaración del siguiente tenor.

          1. Que el pueblo español, bajo su Gobierno republicano, está luchando por la defensa de la república democrática, por la democracia y el orden republicano, contra el fascismo, la anarquía y la contrarrevolución.

          2. Todas las confiscaciones que tienen lugar ahora no están dirigidas contra la propiedad privada en general, sino contra la de quienes han participado en la rebelión.

          3. El Gobierno debe declarar también que el pueblo español y su Gobierno aprecian los sentimientos religiosos de su gente, y que la única razón por la que fueron ocupados ciertos monasterios durante la lucha fue porque se habían convertido en posiciones militares estratégicas de los rebeldes.

          4. El Gobierno garantiza los intereses de los ciudadanos extranjeros en España y la inviolabilidad de sus propiedades (…)”[5].

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El PCE estalinizado defendía que no había que saltar los límites de la “defensa de la república democrática”. Era fundamental dejar claro que no se estaba llevando a cabo una revolución socialista, aunque los hechos refutaban esta falsa teoría.

Para el 29 de julio, el Comité Central del PCE ya había hecho pública una declaración en la que se explicaba el carácter de la lucha: “Nosotros, comunistas, defendemos un régimen de libertad y de democracia; nosotros, al lado de los republicanos, de los socialistas y de los anarquistas, impediremos cueste lo que cueste que España camine hacia atrás, que marche de espaldas al progreso”.

Tales eran las consignas del momento, muy por debajo del nivel que había alcanzado la lucha revolucionaria en la zona republicana. Incluso Elorza y Bizcarrondo ven en la declaración algo más: “El comunicado insistía en la capacidad del pueblo español para vencer por sí solo siempre que no tuviera lugar una intervención exterior fascista favorable a los sublevados. Suponía de este modo un respaldo a la política de no intervención que está a punto de suscribir el Gobierno soviético y el primer apunte de la perspectiva que pronto va a ser adoptada desde el PCE, presentando la contienda como una guerra de independencia nacional, similar a las del pasado en la historia de España, solo que en este caso con las potencias fascistas en el papel de invasores”[6].

Por si no estaba clara la postura, Jesús Hernández, miembro del Buró Político del PCE y futuro ministro en el Gobierno de Largo Caballero, remacha el 6 de agosto en Mundo Obrero:

          “Es absolutamente falso que el actual movimiento obrero tenga la intención de establecer una dictadura proletaria después de que la guerra haya terminado. No se puede decir que nosotros tenemos un motivo social para participar en la guerra. Nosotros los comunistas somos los primeros en rechazar esta suposición. Nosotros estamos únicamente motivados por el deseo de defender la república democrática”.

Dos días después, Mundo Obrero reproduce las declaraciones de Hernández a la prensa extranjera:

          “Les declaró lealmente que no entra en los propósitos ni en la convicción de los trabajadores —como ha repetido ya muchas veces estos días nuestro Partido por boca de nuestro secretario José Díaz y de nuestra camarada Pasionaria, así como se está expresando en Mundo Obrero— el que vaya a hacerse la revolución de tipo proletario. Es decir, que para nosotros, sin dejar de ser comunistas, manteniendo integra nuestra significación revolucionaria, sabemos que para llegar a una época en que sea posible realizar nuestras aspiraciones máximas, tienen que darse determinadas condiciones históricas que ahora no se dan. Vivimos desde hace tiempo en España un periodo de revolución democrático-burguesa. Están sin resolver el problema de la tierra y todos los problemas que caracterizan una revolución de tipo democrático. Por tanto, sin liquidar este periodo no podemos, ni debemos, ni queremos, hablar de revolución proletaria o, como dicen los traidores a la República, instaurar el comunismo”.

Esta era la posición de los dirigentes del PCE en el momento que los obreros habían derrotado con las armas al golpe fascista, constituían comités revolucionarios, incautaban la tierra y las fábricas, las ponían bajo su control, y organizaban las milicias. Cuando en 1931, las esperanzas de que la República pudiese resolver los problemas endémicos de la sociedad eran visibles entre amplias capas de la población trabajadora, los dirigentes de la Comintern y del PCE mantuvieron la política sectaria del “tercer periodo” y denunciaban histéricamente a la república por burguesa y reaccionaria, despreciando la lucha por los derechos democráticos. Pero ahora, después de cinco años de frustraciones, de represión gubernamental, de no tocar la gran propiedad terrateniente, mantener el poder de la Iglesia, promocionar a los mandos militares africanistas y reaccionarios, cuando se había producido el triunfo de Hitler y la insurrección obrera en Octubre del 34, y la conciencia socialista de las masas había avanzado con rapidez creando condiciones maduras para consolidar el poder de los trabajadores… los dirigentes estalinistas se transformaron en los campeones de la democracia burguesa y en los valedores de una política que marchaba directamente contra las aspiraciones de los explotados.

Las esperanzas revolucionarias que se habían despertado en la base comunista de numerosos países también recibieron una buena dosis de agua fría.

La prensa estalinista emitió comunicados demoledores. L’Humanité, órgano del Partido Comunista francés, publicó la siguiente nota el 3 de agosto:

          “El Comité Central del Partido Comunista de España nos ha pedido, en respuesta a los relatos fantásticos e interesados de cierta prensa, que informemos a la opinión pública de que el pueblo español, en su lucha contra los facciosos, no pretende la instauración de la dictadura del proletariado y no tiene más que un solo objetivo: la defensa del orden republicano y el respeto a la propiedad”.

Y en la misma línea se insiste en un manifiesto publicado por el Partido Comunista francés ese mismo día:

          “Hablamos en nombre de los camaradas comunistas, de los socialistas y de todos los que combaten por la libertad en España cuando proclamamos que no se trata en absoluto de establecer el socialismo en España. Se trata únicamente de la defensa de la república democrática por el Gobierno constitucional, el cual, ante la traición, ha apelado al pueblo para la defensa del orden republicano”[7].

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Jesús Hernández, miembro del Buró Político del PCE y futuro ministro del Gobierno de Largo Caballero, declaró el 6 de agosto de 1936 en Mundo Obrero: “Nosotros estamos únicamente motivados por el deseo de defender la república democrática”.

Los primeros voluntarios internacionalistas

Los combates de las primeras semanas entre las milicias obreras y el ejército sublevado provocaron una conmoción en las filas del movimiento obrero internacional. Cientos de miles de militantes de la izquierda, trabajadores, jóvenes e intelectuales en todos los rincones del mundo impulsaron un movimiento de solidaridad extraordinario y muchos de ellos no dudaron en pasar la frontera para participar directamente en la lucha.

La actuación de estos primeros combatientes extranjeros en las filas milicianas es un hecho poco conocido, pero merece la pena detenerse someramente por lo que representó:

          “Los primeros extranjeros que lucharon al lado de los republicanos” escribe Rèmi Skoutelsky, “se encontraban ya en España el 18 de julio de 1936. Se trataba esencialmente de refugiados políticos de los países fascistas, en particular anarquistas alemanes e italianos (…) A este primer grupo se sumaron algunos deportistas que habían llegado para participar en las Olimpiadas de los Trabajadores, las Espartaquiadas, cuya inauguración estaba prevista para el 19 de julio en Barcelona como contrapartida a los Juegos Olímpicos organizados por la Alemania nazi (…) En Madrid, un argentino de origen francés, Hyppolyte Etchebéhère[8], militante del POUM instalado en España desde el mes de mayo, organizó el Batallón de Voluntarios Obreros del 20 de julio con miembros de su partido (…)

          En Barcelona un puñado de judíos polacos y alemanes que residían en España desde hacía varios años se sumaron al combate durante las jornadas de julio. Formaron un grupo armado que fue bautizado como Thaelmann en honor del dirigente comunista alemán por entonces prisionero en Buchenwald (…)

          Además, a partir del momento en que se anunció el golpe y durante las siguientes semanas, muchos militantes, solos o en grupos, se pusieron en marcha rumbo a España. La mayoría de ellos residía en Francia, donde la gente que deseaba combatir se dirigía a las diversas representaciones españolas. Si iban a la Embajada se les invitaba a contactar con el Comité de Ayuda Mutua a la España Republicana, creado a comienzos de agosto por el Socorro Rojo Internacional, organización que dependía de la Comintern…”[9].

Lo mismo sucedió en numerosos consulados españoles de EEUU, Brasil, Argentina, Uruguay, Cuba, México…a lo que hay que añadir la llegada clandestina de numerosos militantes desde Francia, Bélgica y Gran Bretaña.

La participación de estos voluntarios en los choques entre las milicias y el ejército fascista está bien documentada: en el desembarco de Mallorca (9 de agosto de 1936); en Irún, tras la ofensiva franquista del 26 de agosto, dónde los voluntarios comunistas franceses jugaron un gran papel; también en la Columna Durruti, a la que se habían sumado militantes anarquistas procedentes de Francia e Italia; en la Columna Lenin del POUM destacada en Huesca, e integrada por una cincuentena de trotskistas europeos y de otros partidos cercanos al POUM, italianos, franceses, belgas, portugueses, alemanes.., y en la que participó el escritor británico George Orwell. La columna del PSUC, Libertad, contaba asimismo con unos doscientos voluntarios en septiembre de 1936[10].

Crisis revolucionaria en Francia

Pero si podemos hablar de un país donde el impacto que la guerra civil y la revolución española fue colosal ese es, sin duda, Francia. Y las razones no se podían desligar de los propios acontecimientos franceses de 1936.

Francia había vivido una crisis revolucionaria a lo largo de la primavera y el verano de ese año. La oleada de huelgas obreras, ocupaciones de empresas y radicalización política, que desbordaron las consignas y el planteamiento frentepopulista de la dirección del PCF y pusieron en cuestión al régimen capitalista galo, representaron una oportunidad excepcional para modificar el equilibrio de fuerzas en la guerra civil española.

El Frente Popular francés había ganado las elecciones del 26 de abril y 3 de mayo de 1936, con unos resultados históricos para la izquierda. Los comunistas franceses lograron 1.469.000 votos (700.000 más que en las anteriores elecciones), y 77 diputados (frente a 10 de los últimos comicios). La SFIO (Partido Socialista), que poco antes había sufrido una ruptura por la derecha, se alzó con 1.977.000 votos y 146 escaños, convirtiéndose, por primera vez en la historia del país, en el grupo parlamentario más importante. Los Radicales, el aliado burgués “confiable”, se dieron un batacazo pasando de 159 diputados a 116.

La Constitución de la Tercera República preveía un plazo de un mes entre las elecciones y la toma de posesión del nuevo Gobierno, pero igual que sucedió en el Estado español, las masas obreras no esperaron a las formalidades administrativas y se lanzaron a la ofensiva.

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En Francia, que había vivido una crisis revolucionaria a lo largo de la primavera y el verano de 1936, la guerra civil y la revolución española tuvieron un impacto colosal.

El 14 de mayo, los obreros metalúrgicos de la fábrica Bloch se pusieron en huelga y la ocuparon. La dirección de la empresa cedió al día siguiente concediendo un aumento salarial y vacaciones pagadas. Fue la señal para un movimiento huelguístico que se extendió a lo largo de todo el país y que terminó con grandes victorias.

León Blum, dirigente del PSF y posterior jefe de gobierno del Frente Popular, trató de tranquilizar a los grandes capitalistas con reiterados llamamientos a la calma y a la moderación de los obreros, pero el desafío estaba en marcha. El 26 de mayo todas las fábricas del sector automovilístico, incluidos los 35.000 trabajadores de la fábrica Renault, y de la industria de la aviación del departamento del Sena, se pusieron en huelga, al igual que los obreros de la construcción ocupados en las obras de la Exposición Universal de París. Pero la dirección de la CGT, reunificada desde el mes de marzo bajo la dirección de Léon Jouhaux[11], se opuso a la lucha con llamamientos a los trabajadores para volver al trabajo. Sus emplazamientos, sin embargo, cayeron en saco roto.

Cuando el 24 de mayo se celebró la conmemoración de La Comuna de París, y una manifestación multitudinaria de más de 600.000 asistentes abarrotaba las calles, el pánico entre las filas de la clase dominante ya era notorio. El movimiento de ocupaciones de fábricas, en demanda de salario mínimo, la semana de 40 horas y vacaciones pagadas se extendió. El diario reaccionario Le Temps, portavoz de la plutocracia capitalista, tuvo que reconocer en su edición del 31 de mayo “el orden que reina en las fábricas”, y lo más importante, que los trabajadores actuaban “como si las fábricas ya les pertenecieran.” El 4 de junio, víspera de la toma de posesión del nuevo Gobierno, las huelgas triunfaban prácticamente en todas las industrias comenzando a paralizar la economía nacional.

Fernando Claudín, dirigente de las Juventudes Comunistas en 1936, y dirigente del PCE en el exilio, escribió lo siguiente décadas después:

          “En toda la historia de las luchas obreras francesas no se había conocido un movimiento huelguístico de semejante envergadura. Y las características que toma, emplazadas sobre el fondo político que han revelado las elecciones, justifica que algunos de los contemporáneos recordasen el famoso diálogo:’Mais c’est une révolte? – Non, Sire, c’est une révolution’. El movimiento, en efecto, tiene desde el primer momento el sello que marca el comienzo de toda auténtica revolución: la iniciativa espontánea de las grandes masas, el cambio cualitativo de su estado de ánimo, la coincidencia única de millones en la misma voluntad de poner fin a un estado de cosas, el desbordamiento de los cauces habituales... Casi todos los que han estudiado el acontecimiento, o lo vivieron, coinciden en el diagnóstico (…)

          En efecto, la huelga masiva, y menos aún la ocupación masiva de las fábricas, no las ha decretado nadie y han sorprendido a todos: direcciones sindicales y políticas, Gobierno y patronal, derecha e izquierda. La clase obrera ha aprovechado la victoria electoral del Frente Popular comprendiendo perfectamente que es ante todo su obra, la expresión de su nueva fuerza; pero al mismo tiempo demuestra hacerse pocas ilusiones sobre el cumplimiento de las promesas electorales (…)

          Los trabajadores no se hacen ilusiones sobre la cohesión ni la decisión reformadora de la coalición electoral y parlamentaria que ellos mismos han izado al poder. Se dan cuenta dónde está la base de su fuerza y ocupan las fábricas (…)”[12].

No hay duda de que el movimiento de los trabajadores franceses planteaba sobre la mesa la cuestión del poder. Con las ocupaciones de fábrica y el control obrero de la producción, la burguesía francesa, igual que la italiana en 1920 o la española entre febrero y julio de 1936, era impotente para retornar a la situación de “normalidad” por sus propios medios.

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León Blum, dirigente del PSF y posterior jefe de gobierno del Frente Popular, trató de tranquilizar a los grandes capitalistas con reiterados llamamientos a la calma y a la moderación de los obreros.

Esta amenaza contra la existencia misma del Estado capitalista también suponía una andanada directa contra la línea de colaboración de clases del Frente Popular. El dirigente estalinista Thorez, siguiendo las directrices de la IC, trató por todos los medios de moderar el movimiento, con llamadas continuas a la vuelta al trabajo, insistiendo en que la situación “no era revolucionaria”, y advirtiendo a los trabajadores contra el peligro de “hacer el juego al fascismo”. Pero los trabajadores no tenían en cuenta estos “sabios” consejos.

El 6 de junio, el número de huelguistas superaba los 500.000. El 7 de junio se acercaba al millón. La ofensiva era tan potente, que en los círculos dirigentes se temía, y con razón, que la lucha culminase en una revolución socialista triunfante. Igual que en otras circunstancias críticas, los capitalistas recurrieron a los dirigentes reformistas del movimiento obrero para salvar la situación. Y los líderes del Frente Popular francés se prestaron a la maniobra con diligencia.

El 7 de junio el Gobierno Blum patrocinó las negociaciones en el Hotel Matignon entre patronal y los jefes de la CGT. Los capitalistas no tuvieron más remedio que hacer concesiones ante la amenaza de perderlo todo: aceptaron un incremento salarial entre el 7% y el 12% en el sector privado, la semana de 40 horas, 2 semanas de vacaciones pagadas, el reconocimiento de la negociación colectiva y nuevos derechos sindicales. Para comprender la profundidad del movimiento, Blum señaló que, a pesar de los acuerdos de Matignon, la crisis no había terminado. En un discurso ante la Cámara de diputados afirmó: “Estamos, lo sabéis, caballeros, en unas circunstancias donde cada hora cuenta”. Y así ocurrió. Los acuerdos de Matignon, lejos de poner punto y final a la lucha, hizo crecer la confianza de los trabajadores y su audacia; las huelgas se intensificaron y, paralelamente, se produjo una explosión de afiliación sindical: la CGT pasó de 1 millón de miembros a 5,3.

La vanguardia de la lucha, los metalúrgicos de la región parisina, se opusieron al acuerdo y decidieron continuar la huelga, que esta vez se contagió a los obreros del comercio y a los trabajadores agrícolas que empezaron a ocupar las grandes explotaciones agrarias. Sectores anteriormente desorganizados, tomaron impulso: en París y en numerosas ciudades, los cafés, los hoteles y los restaurantes fueron ocupados. Pero el salto más importante se reveló en la formación de comités obreros en grandes empresas, auténticos embriones del poder de los trabajadores.

El 8 de junio, en la fábrica Hotchkiss, en Levallois, un barrio al noroeste de París, se celebró una asamblea con delegados de 33 fábricas de los alrededores; en ella se votó una resolución exigiendo la elección de un “comité central de huelga”. Para el 10 de junio, las principales industrias de París, en el departamento del Sena, estaban paralizadas por la huelga y una Asamblea de delegados metalúrgicos en representación de setecientas fábricas lanzó un ultimátum: si la patronal no aceptaba sus reivindicaciones exigirían la nacionalización de las empresas, cuyo funcionamiento será asegurado bajo el control del personal técnico y obrero. Según Claudín el número de huelguistas en aquella fecha era de dos millones[13].

Los trabajadores en lucha entraron en conflicto constante con las direcciones del PS y del PCF, que tuvieron que poner toda su autoridad en juego para poner fin a aquella situación. Cuando el 11 de junio se desata el rumor de que los obreros metalúrgicos se preparan para salir de las fábricas y marchar sobre el centro de París, Thorez reúne ese mismo día a los militantes comunistas de la región parisina y les emplaza a utilizar toda su influencia para poner fin a la lucha, planteando la siguiente disyuntiva: de seguir adelante la protesta, las consecuencias serían tremendas, se asustaría a la pequeña burguesía y el Frente Popular se rompería, “empeorando el desorden”. “Es necesario saber ceder en las transacciones, es necesario saber terminar una huelga (…) no ha llegado la hora de la revolución”, declaró rotundamente el dirigente estalinista.

Al día siguiente, la asamblea de trabajadores metalúrgicos, en la que los militantes comunistas tenían un gran peso, aceptó firmar un acuerdo con la patronal y reanudar el trabajo. En las dos semanas posteriores, el efecto desmoralizador de la política de los dirigentes estalinistas tuvo resultado y el movimiento fue declinando.

El Gobierno del Frente Popular solo se mantuvo doce meses, hasta junio de 1937, y la burguesía francesa obtuvo un gran resultado de su gestión. Como escribe Claudín:

          “Pese a la desconfianza global del proletariado hacia la nueva combinación electoral y parlamentaria, una fracción importante del mismo, que buscaba en aquella coyuntura la salida revolucionaria, confiaba en el Partido Comunista, el único de los existentes que hasta entonces no se había comprometido en las combinaciones parlamentarias, que durante quince años había acusado incansablemente a los reformistas de desaprovechar o traicionar las oportunidades revolucionarias, que aparecía como el representante titulado en Francia de la única revolución proletaria triunfante hasta la fecha. Por eso una nueva generación de revolucionarios acudió en aquellos años a inscribirse en sus filas, la influencia de sus cuadros sindicales creció rápidamente en el seno de la CGT reunificada, y un sector considerable de la clase obrera votó por los comunistas (…)

          El hecho mayor era que por primera vez el partido “marxista-leninista” se convertía en el partido hegemónico del proletariado francés. De él dependía el curso que tomara la crisis. Podía, como lo hizo, poner en la balanza todo el peso de su aureola revolucionaria a fin de canalizar el movimiento espontáneo de las masas hacia la salida gubernamental y reformista; o podía orientarse a desarrollar la potencialidad revolucionaria que el movimiento contenía (…) Thorez la lleva a un extremo caricatural cuando pretende demostrar que no existen condiciones para impulsar el movimiento de mayo-junio de 1936 hacia metas más radicales: ‘No tenemos todavía detrás de nosotros, con nosotros, decidida como nosotros hasta el fin, a toda la población campesina (…) Arriesgamos incluso en ciertos casos alienamos algunas simpatías de las capas de la pequeña burguesía y de los campesinos’. Huelga decir que si Lenin hubiera esperado a que toda la población campesina de Rusia estuviese tan decidida como los bolcheviques a la revolución socialista; si llega a esperar a que la perspectiva, abiertamente preconizada, de insurrección proletaria, no alienara a los bolcheviques algunas simpatías de la pequeña burguesía y de los campesinos, no habría habido revolución de Octubre (…)”[14].

La oportunidad de tomar el poder en Francia y completar la expropiación de los capitalistas, algo perfectamente posible en esos meses, fue directamente descartada por Stalin. Sus acuerdos diplomáticos, sus pactos militares con la “Francia burguesa”, hacían de esta perspectiva un anatema para los dirigentes de la IC y su sección francesa.

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La oportunidad de tomar el poder en Francia y completar la expropiación de los capitalistas, fue descartada por Stalin. Sus acuerdos diplomáticos y sus pactos militares con la “Francia burguesa”, prevalecieron frente a la revolución socialista.

No intervención

La burguesía francesa y británica no tenían el mínimo interés en apoyar al Gobierno del Frente Popular español, no tanto porque no se fiaran de sus juramentos a favor de la democracia, repetidos hasta la saciedad, sino porque les horrorizaba el movimiento de los obreros españoles.

Ante todo, los imperialistas de Francia y Gran Bretaña veían el riesgo de que la llama de la revolución se extendiese a sus países; por eso no movieron un dedo para apoyar la causa de la España leal e idearon la farsa política de la No intervención, bajo el paraguas del “derecho internacional”. Exactamente igual se comportó el Gobierno del demócrata Roosevelt en los EEUU: con la boca pequeña lamentaba la guerra civil e imploraba que la sangre dejará de correr, pero observaba los acuerdos de la No intervención mirando hacia otro lado cuando los capitalistas estadounidenses suministraban combustible y apoyo económico a los golpistas[15].

Los intentos del Gobierno de la República por hacerse con armas transitaron por la línea de la diplomacia y las convenciones establecidas con Francia. El 19 de julio, Giral envió un telegrama a León Blum para requerirle de abastecimiento militar en virtud de los tratados de cooperación firmados con anterioridad. En ese momento se verificó lo poco que vale el “derecho internacional” cuando se ponen en juego intereses vitales de la clase dominante. Blum, que aparentemente estaba dispuesto a prestar este auxilio, no tardó en arrugarse cuando de visita en Londres el 23 de julio recibió una negativa rotunda del Gobierno de “Su Majestad” a involucrarse en la guerra civil española apoyando al Gobierno republicano.

Los intereses económicos de los imperialistas británicos en suelo español eran muchos y diversos, pero lo más importante era la hostilidad manifiesta de la burguesía inglesa contra la revolución que estaba desarrollándose.

Como señala Gerald Howson e su magnífico libro:

          “La invasión de Abisinia por Mussolini había obligado al Gobierno británico a imponer, no sin renuencia, sanciones económicas a Italia, con el consiguiente empeoramiento de las relaciones con este país. El Foreing Office esperaba reestablecer los lazos de amistad con Mussolini para contrarrestar el peso de Hitler. Pero estos planes se verían frustrados si Blum y sus amigos enviaban armas a España, nación atrasada e inestable cuyo Gobierno, a juzgar por los informes, sería barrido por los comunistas controlados por Moscú con la misma facilidad con que el Gobierno de Kerensky de Rusia había sido barrido por Lenin y los bolcheviques en 1917. De ahí que, el 26 de julio, sin que hubiera rusos y con menos de treinta mil comunistas en España Baldwin [primer ministro británico] confiara lo siguiente a su amigo Thomas Jones: ‘Ayer dije a Eden [ministro de Asuntos Exteriores] que ni Francia ni ningún otro país nos inducirán bajo ningún concepto a luchar al lado de los rusos’.

          Sin embargo, estas palabras encerraban algo más. Ayudar, o permitir a los demás ayudar, a la república española podía dar alas al movimiento obrero (…) Crear estas expectativas entre la clase obrera podía crear el mismo caldo de cultivo, y los mismos disturbios, que habían llevado a la huelga general de 1926 (…) Como explicó el presidente del Parlamento, el conservador David Margesson, al consejero de la embajada italiana en Londres, Vitetti, el 29 de julio: ‘Es nuestro interés, y también nuestro deseó, ver triunfar la rebelión (de los oficiales del ejército español). Pero, al mismo tiempo, queremos mantenernos neutrales, pues de lo contrario podríamos vernos superados por la agitación obrera’ (…)”[16].

León Blum, para escarnio de la militancia socialista y comunista, aceptó todas estas presiones y dio el pistoletazo de salida para una infame política que quedará grabada en los anales de la historia. El 7 de agosto, el Consejo de Ministros francés adoptó un proyecto de pacto internacional de no intervención, con el que las “democracias” occidentales responderían a los golpistas franquistas igual que lo hicieron antes respecto a la invasión italiana de Etiopía o la posterior incursión nazi sobre los Sudetes: fortaleciendo la posición de las potencias fascistas, colaborando activamente en la derrota del movimiento obrero, y preparando inevitablemente el camino para la Segunda Guerra Mundial[17].

El pacto de no intervención fue firmado en el mismo mes por Alemania, Italia, Gran Bretaña y la URSS. La cúpula estalinista dio su apoyo a este acuerdo justo el 25 de agosto, el mismo día que Kamenev, dirigente bolchevique, fue condenado a muerte en el primer juicio de Moscú.

No había duda de que Stalin, el nuevo socio flamante de la Sociedad de Naciones, no tenía en mente promover una ruptura de los acuerdos tejidos con Francia, e indirectamente con Gran Bretaña. La aritmética geoestratégica, y la defensa de los intereses de la burocracia usurpadora que se había hecho con el poder en Moscú, estaban por encima de la lucha de clases y la revolución socialista.

Al respecto de esta cuestión Rèmi Skoutelsky escribe muy acertadamente en su libro:

         “Considerar actualmente que Stalin tenía algún sentimiento de solidaridad con España y que la ayudó por internacionalismo proletario sería dar muestras de pura ilusión. Tras cincuenta años de investigación histórica, la publicación del Diario de Dimitrov, la apertura —parcial— de los archivos de Moscú y los trabajos realizados a partir de ahí lo confirman: la defensa del Estado soviético constituye el alfa y omega de la estrategia española de ‘la Casa’ (…) La prioridad absoluta de Stalin en materia de política exterior seguía siendo el acercamiento a las democracias occidentales a través de un sistema de alianzas. La negativa de estas últimas a ayudar a la republica no iba a incitarle a arriesgarse...”[18].

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La burguesía francesa y británica no querían apoyar al Gobierno de la República, porque les horrorizaba el movimiento de los obreros españoles. El Léon Blum y el ministro de Asuntos Exteriores británico Anthony Eden promovieron la política de no intervención.

Y así fue. En los primeros momentos Stalin actuó siguiendo el guion trazado de evitar a toda costa una intervención que pudiese modificar la correlación de fuerzas y los pactos establecidos, que la burocracia soviética consideraba fundamental salvaguardar.

Cuando la URSS firmó el pacto de No intervención, la propaganda estalinista se activó de inmediato: “Si la Unión Soviética no hubiera aceptado la propuesta francesa de neutralidad —comentaba el Daily Worker— habría puesto en una situación comprometida al Gobierno [francés], y ayudado considerablemente a los fascistas de Francia e Inglaterra, así como a los Gobiernos de Alemania e Italia, en su campaña contra el pueblo español (…) Si el Gobierno soviético diera algún paso que inflamase todavía más la actual situación explosiva en Europa, sería bien recibido por los fascistas de todos los países y dividiría a las fuerzas democráticas, allanando el camino a una supuesta ‘guerra preventiva’ contra el bolchevismo representado por la URSS”[19].

Pero la teoría es gris y el árbol de la vida verde, como le gustaba decir a Lenin parafraseando a Goethe. El esquema primitivo de Stalin se fue al traste en los meses posteriores. Para empezar, porque las potencias fascistas lo último que hicieron fue respetar el pacto de No intervención, mientras las “democracias” alentaron las concesiones a aquellas, favoreciendo su expansionismo y debilitando la posición de la URSS. Pero lo más relevante fue que una inmensa mayoría de militantes comunistas en Europa, incluidos miles de exiliados alemanes e italianos, no estaba dispuesta a aceptar, sin más, que los trabajadores españoles perecieran ante el verdugo Franco como sus hermanos alemanes ante Hitler.

La contradicción entre la situación revolucionaria abierta en España y los planes de Stalin era evidente. Fernando Claudín expone el meollo del asunto con bastante claridad:

          “El problema se le planteó [a Stalin] de golpe y en términos nada fáciles. La URSS no podía eludir su deber de solidaridad activa con el pueblo español en armas, so pena de desacreditarse ante el proletariado mundial. Este deber coincidía, por un lado, con la orientación antihitleriana de la política exterior soviética en ese periodo. Pero por otro lado entraba en conflicto con las modalidades, digamos tácticas, de dicha orientación.

          A este nivel, el objetivo número uno de la política soviética era consolidar la alianza militar con Francia y llegar a un entendimiento con Inglaterra. Pero ni la Francia burguesa de Blum, ni la Inglaterra conservadora de Chamberlain, podían admitir la victoria de la revolución proletaria en España. Contribuir a su victoria significaba, para el Gobierno soviético, ir a la ruptura con ambas potencias. La única posibilidad aparente de conciliar la ‘ayuda a España’ con los citados objetivos de la política exterior soviética era que el proletariado hispano no fuera más allá de lo que, en último extremo, podía ser admisible para la burguesía franco-inglesa. Y lo más que esta podía aceptar es que en España existiese una república parlamentaria, democrática, antifascista, frentepopulista incluso, todo a la ‘izquierda’ que se quiera, pero... ¡burguesa!, ¡sobre todo burguesa!

          Ni siquiera era seguro —nada había menos seguro— que semejante solución satisficiera a los conservadores ingleses, pero en todo caso era la única vía que aparecía ante Stalin para intentar conciliar, bien que mal, las exigencias contradictorias con que el destino abrumaba, una vez más, a su doble personalidad histórica de ”jefe probado y reconocido, grande y sabio, de la Internacional Comunista”, como lo calificó Dimitrov en el VII Congreso, y de jefe no menos grande y sabio del Estado soviético.

          Lo malo era que el proletariado español había dejado ya muy atrás ese límite razonable. En las semanas que siguen al 19 de julio, el régimen capitalista deja prácticamente de existir en la zona republicana; los medios de producción y el poder político pasan, de hecho, a manos de las organizaciones obreras. Todos los historiadores de la guerra civil española coinciden en este punto, menos aquellos cuyo propósito no es servir la verdad histórica sino justificar la política de Stalin y de la IC. Estos últimos ‘historiadores’ siguen afirmando que el contenido de la revolución española no rebasó en ningún momento la ‘etapa democrático-burguesa’, porque reconocer lo contrario equivale a reconocer que la política estaliniana en España consistió en hacer recular la revolución (…)”[20].

La presión en la base de los partidos comunistas, especialmente en el francés, era tremenda. Muchos estaban dispuestos a sacrificarlo todo en la solidaridad —no solo política, también en el frente de batalla— con los obreros españoles. Stalin tuvo que observar este hecho, a su manera, y reorientar sus planes. No sería la última vez que algo semejante se produjera en la guerra y la revolución española.

Las luchas de los trabajadores franceses de mayo y junio conectaron, sin solución de continuidad, con la revolución española. Los mítines y reuniones públicas, con la asistencia de decenas de miles de obreros, y la formación de comités de ayuda con la España republicana florecieron por todos los rincones de Francia. Los dirigentes del PS, del PCF y de la CGT se vieron obligados a encajar la enorme presión de sus bases, que hicieron célebre el eslogan Armas para España.

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La URSS firmó el pacto de no intervención, también lo suscribieron las fascistas, Italia y Alemania, que desde el primer momento lo incumplieron. Pero la contradicción entre la situación revolucionaria abierta en España y los planes de Stalin era evidente.

La atmósfera que se vivía en agosto de 1936 quedó bien reflejada en un informe de la Prefectura de Policía de París:

         “Los acontecimientos de España constituyen actualmente en Francia, y sobre todo en la región parisina, la preocupación más importante de los militantes sindicalistas. En numerosos órdenes del día los sindicatos expresan su pesar por la posición de neutralidad adoptada por Francia y aconsejada por ella a los demás países. La suscripción abierta por la CGT recolectó 1 millón de francos en veinte días; la del Comité de Rassemblement Populaire [nombre oficial del Frente Popular francés], más de 500.000 francos.

          En las grandes firmas de construcción de aviones, los obreros propusieron hacer horas extra gratuitas y trabajar el sábado para construir grandes aviones para España. En el puerto de Le Havre, los marineros, al saber que un barco procedente de Hamburgo que contenía armas debía hacer escala en Lisboa, se negaron a navegar en él por no querer ayudar, según dijeron, al aprovisionamiento de los rebeldes. Los trabajadores de los trenes, los muelles y las aduanas vigilaban por sí mismos y en todas partes la salida de mercancías y cargas, con el fin de impedir el envío de armas a los rebeldes”[21].

La solidaridad se extendía por toda Europa. En Gran Bretaña se organizaron las manifestaciones más importantes desde la huelga general de 1926, destacando el activismo militante de los mineros galeses que impulsaron numerosas acciones de apoyo a los trabajadores españoles. En EEUU, comunistas y socialistas constituyeron el Comité de Apoyo a la Lucha Antifascista en España. Las iniciativas se repetían país por país, y contaron con la participación activa de muchos intelectuales progresistas.

El avance militar fascista

En suelo español, el avance de las tropas franquistas había sido fulgurante en el suroeste de la península. Después de conquistar Sevilla a sangre y fuego, y de perpetrar una brutal represión en la provincia, con la ejecución de miles de militantes socialistas, comunistas y anarquistas a manos de las bandas falangistas y las tropas regulares marroquíes, lo peor estaba por llegar.

En una rápida progresión de la Columna de la Muerte, las tropas comandadas por el General Yagüe ocuparon Mérida el 10 de agosto y poco después, tras duros combates con las fuerzas milicianas el 14 y 15, entrarían en Badajoz.

En varias jornadas de horror los fascistas llevaron a cabo una de las mayores masacres de toda la guerra. Según la cifra dada por el propio Yagüe, se aniquiló al 10% de la población de la ciudad extremeña en una matanza que solo sería superada por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. La actitud de los militares africanistas quedó bien reflejada en las palabras del general al periodista norteamericano John Thompson Whitaker: “Claro que los fusilamos. ¿Qué esperaba? ¿Suponía que iba a llevar 4.000 rojos conmigo mientras mi columna avanzaba contrarreloj? ¿Suponía que iba a dejarles sueltos a mi espalda y dejar que volvieran a edificar una Badajoz roja?”[22]

El 2 de septiembre, las fuerzas franquistas llegaron a Talavera de la Reina amenazando a la capital de la República. A pesar del valor y la entrega de las fuerzas milicianas, el poder de fuego de las columnas del ejército franquista y la falta de medidas militares adecuadas por parte del Gobierno de Giral, colocaron a la República española en una situación desesperada.

El debate sobre el mando único de las fuerzas militares, y la sustitución de las milicias por un ejército regular centralizado arreciaron en las filas de la izquierda. Este objetivo, presentado como imprescindible para ganar la guerra, estaba también relacionado, muy relacionado, con la necesidad de reconstruir el Estado burgués republicano que se había descompuesto tras el levantamiento revolucionario de los trabajadores. Pero de este asunto nos ocuparemos en el siguiente artículo.

Lo que estaba fuera de duda es que los republicanos liberales, que habían intentado llegar a acuerdos con los golpistas en la jornada fatídica del 19 de julio, eran incapaces de continuar la guerra con éxito. No tenían la más mínima autoridad y prestigio entre las masas combatientes, y era perentorio buscar una salida que, además de permitir cubrir las necesidades militares más urgentes, construyera un muro contra la oleada revolucionaria que desafiaba la línea del Frente Popular.

Esta salida se encontró en la figura de Largo Caballero, que formó Gobierno el 4 de septiembre de 1936 a pesar de las dudas de Stalin que, como ha documentado ampliamente la historiografía especializada, habría preferido mantener a Giral al frente del Gabinete.

Finalmente, las presiones del PCE y del embajador soviético en Madrid de incluir en el Gobierno a los republicanos, y descartar un Ejecutivo compuesto exclusivamente por representantes de las organizaciones obreras, fue aceptado por Caballero. Y un argumento fundamental fue la ayuda militar soviética que se prometió para superar aquel momento crítico.

En las semanas que transcurrieron entre el 18 de julio y principios del mes de septiembre, el ejército de Franco recibió un apoyo muy importante de las potencias fascistas, especialmente de los nazis alemanes, en aviones para transportar tropas desde Marruecos, municiones, y armamento ligero y pesado, y cazas de última generación[23]que permitieron a Franco un dominio de los combates aéreos. Obviamente esta ayuda se multiplicaría en los meses posteriores con la intervención directa de tropas italianas, el famoso Corpo di Truppe Voluntarie (CTV), que llegaría a concentrar para marzo de 1937 entre 60.000 y 70.000 hombres, y una fuerza aérea estimada en torno a los 700 aparatos, y la Legión Cóndor, con 6.500 combatientes reclutados mayoritariamente dentro del partido nazi y que siempre operó bajo el mando alemán.

En el mes de septiembre la posibilidad de una victoria militar de Franco estaba encima de la mesa, o al menos, lograr la conquista de Madrid, la capital de la república, lo que supondría un golpe moral y psicológico difícil de remontar.

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Stalin aprovechó la ayuda militar a la República para ocultar el fraude de los juicios de Moscú y acallar muchas conciencias, contando con la colaboración de un amplio coro de compañeros de viaje que justificaron sus mentiras, calumnias y crímenes.

En esas circunstancias, el prestigio de la burocracia estalinista se encontraba en una disyuntiva: si dejaban morir a la República, después de haber desplegado una propaganda masiva a favor de los Frentes Populares para luchar contra el fascismo, perdería las simpatías de amplios sectores de las masas obreras, además de que las críticas en el seno de las secciones de la Comintern podrían adoptar un cariz muy distinto a las que se produjeron tras el triunfo de Hitler.

Al mismo tiempo, el estallido de la revolución española había despertado de nuevo la esperanza entre amplios sectores de la clase obrera soviética, hecho que también se manifestó en diferentes niveles del aparato del Partido Comunista de la URSS. La posibilidad de que un triunfo revolucionario en España diera alas a los agrupamientos de oposición dentro de la Comintern, incluido el PCUS, era otra razón para intervenir directamente en los acontecimientos españoles.

La amenaza real de una derrota militar de la república española coincidió con el momento álgido de la represión contra la vieja guardia leninista, fundamental para asegurar el poder de Stalin. Los juicios farsa de Moscú que dieron comienzo en agosto de 1936 y finalizarían, después de un grotesco espectáculo, con el fusilamiento de los dirigentes bolcheviques protagonistas de la Revolución de Octubre junto a Lenin, causaron la indignación entre muchos sectores de la izquierda internacional y un enorme desconcierto en las filas de los partidos comunistas.

Stalin aprovecharía con habilidad la ayuda militar a la España republicana para ocultar el fraude de esos juicios y acallar muchas conciencias, contando con la colaboración de un amplio y nutrido coro de compañeros de viaje que justificaron sus mentiras, calumnias y crímenes.

La ayuda militar soviética

El comité de No Intervención empezó sus trabajos el 9 de septiembre, en la sede del Ministerio de Exteriores británico. En ese momento estaba compuesto por veintiséis miembros, representando cada uno de ellos a otros tantos países europeos que se habían adherido al pacto; pero pronto el seguimiento de los trabajos del comité quedó en manos de nueve países: los tres que hacían frontera con el Estado español —Francia, Portugal y Gran Bretaña (por Gibraltar) —, a los que se sumaron Bélgica, Checoslovaquia, Alemania, Italia, Suecia y la URSS.

En teoría, la misión del comité consistía en elaborar informes sobre posible contrabando de armas a España, violaciones del pacto y adoptar decisiones y medidas para “impedir” la internacionalización del conflicto español. La realidad fue que, muy pronto, apareció una abrumadora documentación de la implicación de Italia y Alemania en el suministro de material militar a Franco, poniendo en un brete la posición de Francia y Gran Bretaña.

¿Cómo salvar la situación sin enfrentarse a las potencias fascistas? “El comité”, indica Gerald Howson “trató de resolver el dilema estableciendo unas normas según las cuales no se aceptarían pruebas aportadas por un Gobierno que no hubiera firmado el pacto, ni de personas privadas, como un periodista o un observador particular, ni de ningún cuerpo internacional como la Cruz Roja o el Consejo Mundial de las Iglesias, ni de nadie que estuviera alistado, o simplemente de paso, en las fuerzas armadas de cualquiera de los bandos, lo que en la práctica equivalía a no admitir pruebas de nadie, salvo de un puñado de diplomáticos”[24].

La farsa era tan burda, escandalosa y beneficiosa para los militares golpistas, que los responsables británicos y franceses tuvieron que desplegar todo el cinismo y malabarismo diplomático del que eran capaces para justificarla.

Así, cuando el ministro de Exteriores republicano, Julio Álvarez del Vayo, presentó pruebas documentales de la ayuda militar alemana e italiana al ejército de Franco, la actitud del comité, y de los responsables británicos, fue muy clara. Según Howson:

         “… al principio se decidió no pasar estos documentos al comité, pues según dijo sir George Mounsey, subsecretario de Estado adjunto del Foreing Office, ‘el debate sobre cuestiones tan delicadas puede en cualquier momento dar al traste con el comité y, al mismo tiempo con el pacto’. Además, como señaló William Pollock, un segundo secretario, el contemplar el caso con ojos puramente jurídicos, ‘la nota del Gobierno español…y otros documentos adjuntos no contienen ni un solo elemento que pruebe claramente el incumplimiento de los términos del acuerdo por Alemania, Italia o Portugal’ [la cursiva es de Howson], mientras que Walter Roberts opinaba que ‘permitir al Gobierno español, que no es signatario del pacto, expresar una queja no solo iría contra las normas, sino que equivaldría a una discriminación contra los insurgentes, que carecen de reconocimiento internacional por el momento…’. Entre tanto, Vayo pronunció su discurso, con las pruebas en la mano, ante la Sociedad de Naciones, la cual le hizo muy poco caso…”[25].

La situación se repitió en numerosas ocasiones, dejando claro que el trabajo del comité a favor de las potencias fascistas y de los militares golpistas era algo más que indirecto[26].

Obviamente los tejemanejes del comité, y de Alemania e Italia en su ayuda al ejército fascista, eran de sobra conocidos por Stalin y los responsables de la Comintern.

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La farsa del Comité de No Intervención era tan burda, escandalosa y beneficiosa para los militares golpistas, que los responsables británicos y franceses tuvieron que desplegar todo el cinismo y malabarismo diplomático del que eran capaces para justificarla.

Colocados ante la presión de la izquierda mundial y de la militancia comunista, con los juicios de Moscú y la condena a muerte de viejos dirigentes bolcheviques[27], y con la posibilidad de que Madrid cayera tras el avance sobre la capital de las columnas de Franco, Stalin se decidió a prestar apoyo militar al Gobierno republicano y organizar las Brigadas Internacionales, situando al Partido Comunista francés como centro operativo del reclutamiento.

Empezando por la primera cuestión. La polémica en torno a las armas que Stalin entregó a la República, y la intervención de asesores soviéticos y miembros de la NKVD (los servicios de seguridad) en los acontecimientos españoles, se ha mantenido a lo largo de décadas.

Los defensores del Frente Popular siempre han mostrado una tendencia a dimensionar esta ayuda, que como algunos estudiosos del tema plantean, hay que rebajar notablemente y ligarla, por otra parte, a los objetivos políticos de Stalin y la burocracia dirigente de la Comintern.

Las decisiones sobre el apoyo militar de la URSS se fueron fraguando a lo largo del mes de agosto y recibieron un empujón importante a principios de septiembre, cuando se ordenó a los agentes soviéticos crear una organización clandestina para la compra y transporte de material de guerra a España. Para mediados de septiembre, Alexander Orlov, comandante en jefe de la NKVD, llegó a territorio español para organizar directamente la seguridad, el contraespionaje y encargarse, al margen de su puesto oficial de “agregado político”, de las tareas y problemas que pudieran surgir. Previamente ya se habían desplazado el embajador Rosenberg y el general Ian Berzin, que se responsabilizaría de aconsejar al Gobierno republicano en cuestiones relativas a la táctica y estrategia militar. Berzin, como muchos otros asesores soviéticos, sería víctima de las grandes purgas.

La luz verde para enviar ayuda a gran escala se produciría a finales de septiembre, cuando el Gobierno de la República decidió trasladar a Rusia una parte fundamental de su reserva de oro y Stalin obtuvo garantías de que el costo de los suministros soviéticos sería plenamente cubierto por ella.

Después de diversas reuniones en Moscú entre Stalin y sus colaboradores más cercanos, Gendrik Yagoda (jefe de la NKVD), Semon P. Uritsky (responsable de la GRU, servicio de inteligencia del Ejército Rojo), Molotov, Kaganovich, Andreev, miembros del Buró Político, el 14 de septiembre se decidió la “operación X”, cuyo diseño operativo se desarrolló en otra reunión el 29 de septiembre. Ahí se concretó la “sección X”, compuesta de oficiales de la NKVD, del GRU, además del ejército, marina y fuerza aérea, cuya tarea sería la supervisión y organización del material y personal destinados a España.

          “Los oficiales” escribe Howson, “entregaban a Uritsky sus propias listas de material, personal, costes, informes de evolución, recomendaciones y peticiones para hacer algo concreto, el cual los pasaba a Voroshilov, el comandante en jefe de la operación, y este a su vez, acompañados de sus propios comentarios, sugerencias y peticiones, a Stalin para su aprobación o rechazo definitivos. Una de las revelaciones más sorprendentes de estos documentos es el control tan directo que ejerció Stalin sobre toda la operación, al menos durante su primer año, pues parece que todas las decisiones, inclusive las de menor importancia, como la retirada de pequeñas sumas de dinero, pasaban por sus manos antes de poder entrar en vigor” [28].

¿Qué tipo de armas se enviaron en las primeras remesas?

         “Según varios expedientes en poder de los Archivos Militares Estatales Rusos (RGVA) se puede ver que la cantidad de armamento suministrado por los soviéticos a los republicanos españoles fue mucho menor que lo que se había creído hasta la fecha, que muchas de las armas vetustas que el ejército republicano se vio obligado a utilizar no provenían de traficantes de armas sin escrúpulos repartidos por todo el mundo, sino precisamente de la propia URSS y que los buques soviéticos solo participaron en la entrega de armas por breve tiempo y en pequeñas cantidades (…) De modo que hubo, en total, cuarenta y ocho entregas de armas soviéticas, con largos lapsos entre las distintas series (…) tampoco hubo ninguna entrega después del 11 de agosto de 1938, pues las de febrero de 1939 llegaron demasiado tarde para poder ser útiles…”.

De entre el material, destacaban los aviones y tanques soviéticos, material de guerra en general de buenas características y muy preciados por el Ejército Popular Republicano. Los bombarderos Katiuskas SB; el biplano I-15, apodado Chato porque tenía un motor radial de parte delantera plana; el caza monoplano I-16, al que los republicanos le pusieron el alias de Mosca; el tanque ruso T-26, del que se enviaron cerca de 300 unidades a lo largo de la guerra; también se empleó el BT-5, predecesor del T-34 que gano la gran batalla de tanques contra los Panzer alemanes en la batalla de Kursk en 1943.

Howson plantea una cuestión significativa:

         “Aparte de los aviones, tanques y 150 ametralladoras ligeras Degtyarev, todas las armas enviadas en 1936 eran viejas y en desuso: más de la mitad eran antiguas piezas de museo suministradas con tan pocas municiones que eran prácticamente inservibles (…) Los 48.825 fusiles de origen soviético entregados en 1936 eran, al menos, de ocho nacionalidades distintas, diez modelos diferentes y seis calibres distintos (…) Resumiendo, de los 48.825 fusiles enviados desde la URSS en 1936, casi 26.000 fueron viejas piezas de museo con apenas munición y otros 6.000, también muy desgastados, vinieron solo con la mitad del suministro requerido”[29].

Las únicas ametralladoras modernas enviadas en ese momento crucial de la guerra fueron las 150 Degtyarev DP, con recamaras grandes, planas y en forma de disco, que eran habituales en los regimientos del Ejército Rojo. También había 200 ametralladoras Maxim, que se movían en carros de dos ruedas, pero poco precisas; las 300 Saint-Étienne, que tras un rendimiento escaso en el frente occidental durante la Primera Guerra Mundial (1914), fueron retiradas; y 400 Chauchat, de muy mala calidad. A todo esto, hay que añadir 988 piezas de artillería, repartidos entre cañones de campaña (302), obuses (191), pequeños cañones antitanque, cañones antiaéreos (64)[30].

Lo más relevante de esta ayuda es que, a pesar de que se ha insistido en muchas ocasiones que se trataba de solidaridad internacionalista generosamente concedida por el Gobierno de la URSS, en realidad representó un buen negocio para la burocracia estalinista.

Los datos aportados por Howson son muy reveladores de una operación que en toda una serie de aspectos se puede catalogar de estafa premeditada. Con las reservas de oro republicano en Moscú desde el 5 de noviembre de 1936, los responsables soviéticos comenzaron a realizar las cuentas de los suministros y, aunque daban la apariencia de hacer grandes descuentos al Gobierno republicano por el material enviado, la realidad no era así.

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Lo más relevante de esta ayuda es que, a pesar de que muchos han insistido en que se trataba de solidaridad internacionalista generosamente concedida por el Gobierno de la URSS, en realidad representó un buen negocio para la burocracia estalinista.

         “Los porcentajes de los mencionados descuentos, indica Howson aparecen mencionados en la carta que escribió Voroshilov a Stalin el 13 de diciembre de 1936 en la que dice que ‘para que nadie se queje de que nuestros precios son demasiado elevados, se han basado sobre los europeos medios para armas, deduciendo el 10-15 por 100, calculados artículo por artículo. Para el material que no es nuestro, hemos concedido descuentos del 40-50 por 100, pese a que todos los artículos se han expedido en perfectas condiciones’. En la parte baja aparece escrita con tinta, la respuesta de Stalin: ‘Precios aprobados. Haga traducciones y envíelas a Rosenberg [el embajador soviético en Madrid] lo antes posible’ (…)

          En cuanto a los descuentos practicados los documentos en poder del RGVA muestran que no se hizo ninguno para el material de fabricación soviética. Tras establecer precios en rublos para los artículos, con descuento o no, los rusos idearon luego un sistema de conversión de rublos en dólares y de dólares en pesetas con el fin que los españoles, que no verían nunca los precios en rublos ni los cálculos de la conversión de las divisas, acabaran pagando mucho más de lo que habrían pagado normalmente. De este modo los rusos se quedaban con un beneficio oculto, pero sustancial (…)”.

Después de tratar los manejos de la conversión de divisas y referirse a numerosos ejemplos de venta de material con precios muy beneficiosos para Stalin, Howson señala en su libro:

          “Estas no admiten ninguna explicación inocente. Muestran por el contrario, que una vez que el Gobierno soviético tuvo el oro español a buen recaudo, tras prometer descuentos generosos en el precio de las armas como prueba de solidaridad con la República española, redujo al mínimo posible el número de artículos sujetos a descuento, recurriendo luego a artimañas bizantinas con objeto de recuperar la mayoría de los descuentos en los materiales que tenían descuento y realizar pingües beneficios en los que no lo tenían, es decir, la mayoría. (…)

          La suma del recargo impuesto por el Gobierno soviético al Gobierno republicano español por el material de guerra suministrado hasta el 8 de agosto de 1938 asciende a los 171,2 o 171,4 millones de dólares, cantidad que dedujo del valor de la reserva de oro guardada en Moscú y valorada en 518 millones de dólares. El saldo de 346,66 o 346,8 millones se vendió entre tanto al Gobierno soviético durante 1937 y la primera mitad de 938, y las divisas ganadas con ello se transfirieron al banco soviético de París, o Banque Commerciale de l’Europe du Nord (BCEN), para permitir a los republicanos comprar armas, aviones, y suministros en general en otras partes del mundo.

          Así pues, el Gobierno soviético pudo sostener que el 8 de agosto de 1938 los republicanos habían gastado casi todo el oro y que solo quedaban 1,5 toneladas por las que podían reclamar su dinero. Sin embargo, si extendemos el recargo de 6 millones de dólares por cada 20 millones a lo largo del periodo que va entre octubre de 1936 y agosto de 1938, entonces el recargo total por material de guerra ascendería al menos a 51 millones. Si el Gobierno soviético se hubiera comportado con un mínimo de ética, habría deducido del oro, no 171 millones de dólares, sino solo 121 millones, o incluso menos. De todas las estafas, timos, robos y felonías que los republicanos españoles sufrieron por parte de Gobiernos, funcionarios y traficantes de armas de todo el mundo, esta conducta de usurero que caracterizo a Stalin y demás altos cargos de la nomenclatura soviética es seguramente la más ruin, trapacera e inexcusable de todas”[31].

Los datos y cifras anteriores no niegan el hecho de que, sin estos suministros desde la URSS, la resistencia militar frente al avance de las tropas de Franco hubiera sido mucho más complicada, teniendo en cuenta además la orientación de partida de los partidos que sostenían el Frente Popular, que nunca plantearon una guerra revolucionaria con un fin revolucionario.

La capacidad de la España republicana se vio muy condicionada por los intereses geoestratégicos de la burocracia estalinista y su intención de no alterar el equilibrio de pactos y alianzas con las potencias “democráticas” y, por supuesto, por el objetivo de contener y limitar las realizaciones revolucionarias de los trabajadores españoles en los primeros meses de contienda[32].

Las Brigadas Internacionales, ejército proletario

La formación de las Brigadas Internacionales también ha sido objeto de numerosos estudios y polémicas. Lo que está fuera de duda, es que la iniciativa, o iniciativas, para un traslado de miles de voluntarios antifascistas a la España republicana fueron planteadas desde la Comintern y muy especialmente por el Partido Comunista francés, y tuvieron su centro operativo de reclutamiento más importante en Francia donde las organizaciones comunistas, y también la estructura de los sindicatos, jugaron un papel esencial[33].

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La capacidad de la España republicana se vio muy condicionada por los pactos de la burocracia estalinista con las potencias “democráticas” y por el objetivo de esta de limitar las realizaciones revolucionarias de los trabajadores españoles.

El PCF envió combatientes desde agosto a Irún y Madrid, además de a los dirigentes Vital Gayman y André Marty, futuro responsable de las Brigadas en la base de Albacete, para comprobar las carencias técnicas y necesidades militares de los milicianos.

El 7 de agosto, los periódicos del KPD en el exilio llamaron a todos sus militantes con alguna experiencia militar a unirse a las milicias republicanas. También se empezó a organizar el envío de voluntarios italianos, encuadrados en el PCI y que integraron la centuria Gastone Sozzi. El 5 de septiembre, el corresponsal en Barcelona del Daily Worker, periódico del PC británico, escribió una carta al secretario general del Partido, Harry Pollit, proponiéndole el envío de militantes comunistas, laboristas y sindicalistas para la formación de una centuria británica.

Pero el paso decisivo para coordinar todas estas actividades se produciría una vez que Stalin decidió el apoyo militar a la República: el refuerzo de los suministros con combatientes, una vez que era más que evidente la presión en las bases de las secciones de la Comintern, puso en marcha el mecanismo.

El 18 de septiembre de 1936, en paralelo a las reuniones que se mantuvieron para aprobar la operación X, se reunió en Moscú el Secretariado de la Internacional Comunista, en la que hubo una conferencia específica sobre la “cuestión española”. Las decisiones se concretaron en varios ejes: denuncia de la intervención de las potencias fascistas; ayuda técnica mediante el envío de especialistas y, la más importante de ellas: “proceder al reclutamiento, entre los obreros de todos los países, de voluntarios que tengan experiencia militar, con miras a enviarlos a España”[34]. Esta reunión puede considerarse como el acta de fundación de las Brigadas Internacionales. A partir de ese momento las decisiones se aceleraron.

Andre Marty elaboró un Plan General de Operaciones en España tras consultar, entre otros, a Vital Gayman y el futuro general Kléber, que solo fue comunicado a José Díaz y a Antonio Mije, el contacto comunista con el Ministerio de la Guerra.

         “Entre las medidas recomendadas”, escribe Rèmi Skoutelsky “figuraba la formación de una unidad de choque constituida por entre 4.000 y 5.000 voluntarios que, según las informaciones de Maurice Thorez, ya estaban listos para partir a España. Hubo negociaciones con el Gobierno de Largo Caballero en las que intervinieron los comunistas españoles, los diplomáticos soviéticos y representantes de la Internacional Comunista. El decreto oficial de creación de las Brigadas Internacionales data del 22 de octubre de 1936…”[35].

La organización de las Brigadas, en semanas vertiginosas, estuvo acompañada de grandes dosis de improvisación. Lo primero fue la elección de la base operativa, que finalmente se decidió en la provincia de Albacete, nudo ferroviario, y cercana a Madrid y Valencia, cuya apertura corrió a cargo de Luigi Longo, representante del PCI ante Moscú y que se convertiría muchos años después en secretario del Partido italiano tras la muerte de Palmiro Togliatti. Pero el verdadero jefe de la base fue Andre Marty, que llegó el 20 de octubre, y al que le precedía su aureola como protagonista de los motines de la flota francesa en el mar Negro enviada a combatir la Revolución rusa.

Marty, uno de los dirigentes más reconocidos del PCF, diputado a la Asamblea Nacional y encarcelado en diferentes ocasiones por su actividad entre 1927 y 1931, fue cubierto de honores por Moscú, elegido miembro del Comité Ejecutivo de la Comintern en 1932 y para el Secretariado en 1935. Los principales responsables de la base de Albacete, todos miembros de diferentes partidos comunistas conformaron el consejo miliar que supervisó en todo momento su funcionamiento.

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La mayoría de los combatientes de las Brigadas Internacionales fueron a las trincheras españolas a combatir el fascismo, pero en su horizonte no estaba la defensa de la “democracia” en abstracto, sino la lucha consciente por el socialismo.

En la primera semana de vida de la base, antes incluso de la llegada de Marty, se organizaron cuatro batallones destinados a formar una brigada: el primer batallón estaba compuesto por alemanes, austriacos y yugoslavos, bautizado en noviembre como Edgar André, en tributo al dirigente comunista alemán decapitado por los nazis; el segundo, compuesto en un 80 por ciento de franceses se le bautizó Comuna de París; el tercero estaba integrado por los italianos, el Batallón Garibaldi;  por último, el cuarto batallón se denominaría Dombrowski, y reunió  a polacos, húngaros y balcánicos. Los cuatro batallones formaron teóricamente la IX Brigada Móvil, que a partir del 1 de noviembre pasaría a denominarse XI Brigada Mixta Internacional[36]. En total, cerca de 3.500 hombres que tendrían su bautismo de fuego en los grandes combates por la defensa de Madrid a principios del mes de noviembre[37].

Las cifras de los combatientes de las Brigadas Internacionales, como otros hechos significativos de la guerra y la revolución española, siempre han estado enmarañados por las memorias de los protagonistas y los informes presentados por sus responsables, en muchas ocasiones llenos de inexactitudes.

Rèmi Skoutelsky hace un recuento detallado de las fuentes más importantes y llega a conclusiones que parecen razonables y veraces. Para empezar, un informe sin firma que apareció en los archivos de la Comintern, citado por el historiador francés, proporciona datos de los combatientes enrolados en las brigadas, mes por mes, y por nacionalidad, hasta finales de agosto de 1938.

La cifra total es de 32.256 brigadistas, destacando por origen nacional los franceses con 8.962 combatientes; polacos, con 3.113; italianos, con 3.002; estadounidenses, 2.341, alemanes, 2.217; balcánicos (búlgaros, yugoslavos, rumanos y griegos), 2.095; británicos, 1.843; belgas, 1.722; checoslovacos, 1.066, y de un total de 13 países y continentes más[38]. Las cifras, como señala Skoutelsky, pueden variar un poco: los combatientes franceses oscilan en un rango entre los 8.962 y los 9.903, los italianos, siguiendo a Palmiro Togliatti en su historia del PCI, podrían elevarse hasta los 3.354, o los polacos, que según los archivos conservados en Varsovia podrían ser 3.805.

Lo más significativo es lo que Skoutelsky escribe al respecto de la composición social y de clase de estos voluntarios:

         “Existe cierta representación mitológica de las Brigadas Internacionales que ve en ellas un ejército ‘intelectual’. En efecto, el compromiso físico de escritores prestigiosos al lado de los republicanos españoles, como el caso del inglés George Orwell o del francés André Malraux (aunque finalmente ni uno ni otro combatieron en las Brigadas Internacionales), así como el peso de los intelectuales en el trabajo de solidaridad con España y en términos más generales en la lucha antifascista de los años treinta, llevaron a creer en un enrolamiento masivo de este sector en las unidades internacionales (…)

          Esta imagen tiene poco que ver con la realidad, ya que la preeminencia de la clase obrera en las Brigadas Internacionales era aplastante. El 80 por ciento de los voluntarios franceses —el principal contingente— pertenecía a esa categoría en su definición más estricta. Si les sumamos a los demás asalariados, ¡el porcentaje se eleva al 92 por ciento! Los peones (un obrero de cada cinco), representaban un porcentaje netamente superior al de otras estructuras políticas. Predominaban visiblemente los oficios relacionados con la construcción y la metalurgia, y dentro de estos últimos, la profesión de conductor o conductor-mecánico (…) entre los estadounidenses también predominaban los obreros. Marineros, conductores y mecánicos eran los oficios que se encontraban con mayor frecuencia. El 80 por ciento de los ingleses eran obreros. En síntesis, si existió en la historia contemporánea un ejército proletario, ese fue el de las Brigadas Internacionales…”[39].

La mayoría de estos combatientes proletarios fueron a las trincheras españolas a combatir el fascismo, pero también para acabar con el capitalismo. Su conciencia de clase estaba fuera de duda, la inmensa mayoría se habían curtido en las luchas de los años veinte y se afiliaron a los sindicatos, a los partidos comunistas, y también a los socialistas, buscando una herramienta para la revolución. En su horizonte no estaba la defensa de la “democracia” en abstracto, sino la lucha consciente por el socialismo.

Como señala Skoutelsky:

          “Si bien en Francia la prensa comunista presentaba a los voluntarios únicamente como patriotas, en cambio en los periódicos internos de las Brigadas Internacionales no dudaban en destacar —al menos hasta mediados de 1937— su dimensión proletaria y el compromiso revolucionario de  muchos de sus combatientes (…) El inglés Fred Borrino declaró, probablemente en su documento de repatriación, que había ido a España para ‘destruir al fascismo y construir un Estado obrero’ (…) Lo que Henri Chrétien, médico en jefe comunista, fue a hacer a las brigadas era lisa y llanamente una nueva revolución: ‘La imagen que se quiere dar de los voluntarios de la guerra de España no corresponde a lo que era la realidad. No fuimos allí para defender la república. Fuimos porque creíamos que íbamos a participar en la revolución. Y cuando llegamos allí, estuvimos convencidos durante toda la guerra de que luchábamos por la revolución, pero que no había que decirlo para no perjudicar a nuestra causa frente a las burguesías occidentales. Es decir, que era un doble juego. ¡Pero estábamos ahí para hacer la revolución! Personalmente, yo me convencí cuando el golpe de Estado de Franco. Entonces me dije: es como en Rusia. Vino Kornílov, y Kornílov permitió Octubre. Y efectivamente, era lo que había sucedido en Barcelona y Madrid’ (…)

          En pocas palabras, si bien la política de Frente Popular, la alianza con una parte de la burguesía se caracterizaba por el rechazo a la revolución como objetivo a corto plazo y a fortiori como medio para luchar contra el fascismo, hay que reconocer que muchos militantes comunistas que combatían en las Brigadas Internacionales no compartían esta orientación… ” [40].

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Los combatientes de las Brigadas, al igual que muchos miembros de base del PCE y de la JSU pensaban que consignas como “defensa de la república democrática”, eran parte de una estratagema para “engañar” a la burguesía, acumular fuerzas y conseguir el objetivo.

Por más que los dirigentes estalinistas se esforzaron por evitarlo, muchos brigadistas comunistas entendían que la lucha contra el fascismo era parte de la lucha por la revolución socialista.
Obviamente aceptaban el discurso de la dirección por la inmensa autoridad que la Internacional Comunista todavía retenía, porque encarnaba la bandera de Octubre y las realizaciones de la URSS. Pensaban, al igual que muchos militantes del PCE y de la JSU que la consigna de “defensa de la república democrática” era parte de una táctica para “engañar” a la burguesía, acumular fuerzas y conseguir el objetivo.

La misma historia se repitió en los años setenta, cuando decenas de miles de comunistas, luchadores probados y que habían enfrentado lo peor de la represión franquista en la actividad clandestina, aceptaron las consignas de Santiago Carrillo, el eurocomunismo, los Pactos de la Moncloa, la Constitución del 78 y la monarquía…, pensando que se trataba de una táctica. Pero no era una táctica, y los resultados de esta política los conocemos muy bien.

 

Notas:

[1] La orientación sistemática de los dirigentes del PCE al movimiento socialista, después de los éxitos cosechados con la unificación de las Juventudes y la atracción de Largo Caballero a las posiciones propartido único del proletariado, dio un paso al frente en Catalunya con la creación del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC). Fundado el 23 de julio de 1936 en el Bar del Pi, fue el resultado de la fusión de las Federación Catalana del PSOE, la Unió Socialista de Catalunya de Joan Comorera, el Partit Comunista de Catalunya, y el Partit Català Proletari. Con el nuevo partido, que se afilió a la Comintern inmediatamente, el estalinismo contaría con una base de apoyo de la que no había disfrutado anteriormente en Catalunya.

El PSUC, que en los momentos iniciales tendría unos cuantos miles de militantes, jugaría un papel crucial en la política catalana, en la Generalitat y en la lucha contra los órganos de poder obrero creados en Barcelona tras las jornadas revolucionarias del 18-20 de julio que aplastaron el levantamiento fascista. Basado principalmente en la sección catalana de la UGT, mucho más minoritaria que la CNT, pronto se destacó como un portavoz cualificado de la pequeña burguesía urbana y rural. A través de su influencia preponderante en las Federaciones de Gremios y Entidades de Pequeños Comerciantes e Industriales (GEPCI), el PSUC se convirtió en el defensor más activo de la pequeña propiedad, de la libertad de comercio, y en el detractor número uno de las incautaciones de fábricas, del control obrero de la producción y de las colectivizaciones, fraguando así una estrecha unidad de acción y colaboración con la Esquerra Republicana de Lluís Companys.

[2] Claridad, 20 de agosto de 1936

[3] Hernández Sánchez, op. cit., p. 90.

[4] Citado en Felix Morrow, op. cit., p. 103.

[5] Ronald Radosh, Mary R. Habeck y Gregory Sevostianov (eds), España Traicionada, Stalin y la guerra civil. Ed. Planeta, Barcelona 2002, p. 49.

[6] Antonio Elorza, op. cit., p. 302.

[7]  Citas en Bolloten, op. cit., p. 211.

[8] Tras ser muerto en el combate veinte días después, su viuda Mika, se hizo cargo de la columna y luego fue nombrada oficial del Ejército Popular. Mika Etchebéhère dejó testimonio de su participación en la columna del POUM en el libro, Mi guerra de España. Testimonio de una miliciana al mando de una columna del POUM, Alikornio Ediciones, Barcelona, 2003.

[9] Rèmi Skoutelsky, Novedad en el frente. Las Brigadas Internacionales en la guerra civil. Ediciones Temas de Hoy, Madrid 2006, pp. 37-39. Esta es sin duda una de las mejores y más completas investigaciones sobre las Brigadas Internacionales.

[10] Ibíd., pp. 40-44.

[11] Léon Jouhaux (1870-1954). Secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), el principal sindicato de Francia, que en 1934 contaba alrededor de un millón de afiliados. Mantuvo una línea política reformista y social-patriota.

[12] Fernando Claudín, La crisis del movimiento comunista, Ruedo Ibérico, París 1970, pp. 160-161.

[13] Ibíd., p. 162.

[14] Ibíd., pp. 163-164.

[15] “la última ayuda, no carente de importancia de la que se beneficiaron los golpistas fue el petróleo de los Estados Unidos. Cuando estalló la insurrección, cinco petroleros de la Texas Oil Company (Texaco) pusieron rumbo a España. El presidente de la compañía —claramente profascista— ordenó a los barcos que entregasen su carga a los nacionales. Estas provisiones continuaron gracias a un crédito a largo plazo sin garantía. Por su parte el Gobierno republicano se enfrentó a un embargo estadounidense sobre las ventas de armas, que, de tipo ‘moral’ al principio, será objeto de una ley en enero de 1938)”. Rèmi Skoutelsky, op. cit., p. 62.

[16] Gerald Howson, Armas para España. La historia no contada de la guerra civil española, Ediciones Península, Barcelona 2000 pp. 60-61.

[17] El pacto de no intervención se encuadraba perfectamente en la política exterior británica, basada en el famoso appeasement (apaciguamiento) hacia el régimen nazi. Bajo ningún pretexto los líderes conservadores británicos pretendían enemistarse con Hitler, postura que fue reforzada cuando Neville Chamberlain fue nombrado primer ministro en mayo de 1937 en sustitución de Stanley Baldwin.

[18] Rèmi Skoutelsky, op. cit., p. 65.

[19] Daily Worker, 9 de septiembre de 1936, citado por Bolloten, op. cit., p.192.

[20] Fernando Claudín, op. cit., p. 180.

[21] Rèmi Skoutelsky, op. cit., p. 51.

[22] John T. Whitaker, We cannot escape history, Macmillan, New York, 1943, p. 113.

[23] Aunque los alemanes probaron a lo largo de la guerra todo tipo de aparatos, el papel crucial fue desempeñado por los Messerschmitt 109.

[24] Gerald Howson, op. cit., p. 166.

[25] Ibíd., p. 167.

[26] “En Londres, el Foreing Office recibía informes mensuales del Ministerio de la Guerra británico sobre la ayuda suministrada a los bando beligerantes en España, y sabía perfectamente que, desde diciembre de 1936 hasta febrero de 1937, por ejemplo solo Italia había enviado a Franco entre cuarenta y cincuenta mil efectivos de tropa con tanques ligeros, piezas de artillería y transporte motorizado, así como unos ciento treinta aviones, además de los cien enviados antes, y que Alemania estaba reequipando su fuerza aérea en España, que se creía que rondaba las cien unidades, con sus últimos tipos de bombarderos y cazas (…) Eden o su suplente lord Cranborne, contestaban a las preguntas de una oposición cada vez más indignada negando simplemente que el Gobierno tuviera ninguna información fiable al respecto…” Ibíd., p. 325.

[27] El 28 de agosto Kamenev y Zinoviev y otros condenados en el primer juicio de Moscú fueron fusilados en la cárcel de la Lubyanka.

[28] Ibíd., p. 180.

[29] Todas las citas en Ibíd., p. 181 y pp. 197-198.

[30] Los datos generales de suministros de material de guerra procedentes de la URSS a lo largo de la guerra, varían mucho según las fuentes consultadas. El propio Howson lo reconoce y lo expone en su trabajo en diferentes tablas procedentes de cuatro fuentes distintas (Estimaciones de numerosas publicaciones entre 1950 y 1996; del informe Solidaridad Internacional con la República española (Academia de Ciencias de la URSS, 1974); del informe del Instituto de Historia Militar de la URSS, 1974;  de los Archivos Militares Estatales Soviéticos (RGVA). Howson, op. cit., pp. 200-202.

[31] Las citas en Ibíd., pp. 206-213.

[32] En el libro de Burnett Bolloten se realiza un examen exhaustivo al respecto que sigue manteniendo toda su vigencia. Como señala este autor: “Debido a su temor a verse envuelta en una guerra con Italia y Alemania, Rusia limitó su ayuda a reforzar la resistencia de las fuerzas antifranquistas hasta que llegara el momento en que, la amenaza que suponía para sus intereses en el mediterráneo un feudo ítalo-germano en España fuera posible inducir a Gran Bretaña y Francia a abandonar su política de no intervención. Además, Rusia tuvo buen cuidado de no hacer valer su influencia sobre el sector izquierdista de la revolución ni de identificarse con ella. De haber actuado de otra forma, habrían revivido en todo el mundo, entre las mismas clases cuyo apoyo buscaba la Comintern, los temores y antipatías que trataba de evitar por todos los medios (…) Por todas estas razones, desde el mismo comienzo de la guerra, la Comintern había intentado minimizar e incluso ocultar al mundo exterior la profunda revolución que había tenido lugar en España, defendiendo la lucha contra el general Franco como la defensa de la república democrático-burguesa”. Bolloten, op. cit., p. 209.

[33] En el libro de Rèmi Skoutelsky se explica detalladamente el papel del PCF en la organización de las Brigadas y los mecanismos del reclutamiento. Por supuesto, hubo también miles de voluntarios que llegaron de otros países. Suiza se convirtió en una escala importante por donde transitaron los combatientes procedentes de Austria, Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia, Hungría, Italia y Alemania; en Gran Bretaña, las acciones del Partido Comunista, y concretamente, la “marcha del hambre” en Londres, entre octubre y noviembre de 1936, crearon un medio propicio para el reclutamiento (“la perspectiva de organizar un batallón inglés movilizó toda la maquinaria del CPGB…de noviembre de 1936 a enero de 1937…siempre había cola delante de la sede del Partido, en el número 16 de King Street, en Londres…”); También partieron de Irlanda, EEUU, de Latinoamérica. Rèmi Skoutelsky, op. cit., p. 125.

[34] Rèmi Skoutelsky, op. cit., p 75; Hernández Sánchez op. cit., p.104.

[35] Rèmi Skoutelsky, op. cit., p 75

[36] Ibíd., p. 85.

[37] En su obra sobre las Brigadas Internacionales, el comisario del Ejército Popular Republicano, Santiago Álvarez (miembro del PCE), da una información detallada sobre las Brigadas y su composición. “Siguiendo la nomenclatura organizativa del Ejército Popular”, señala “las unidades internacionales creadas fueron: -XI Brigada, compuestas por franceses y belgas, alemanes y polacos, los batallones Edgar André, Comuna de París (franco-belga) y Dombrowski. -XII Brigada, constituida por los batallones Garibaldi (Iialiano), Thaelmann (alemán) y André Marty (francés).-XIII Brigada, formada principalmente por eslavos, polacos, ucranianos, yugoslavos) y algunos franceses. -XIV Brigada (La Marsellesa), compuesta por voluntarios franceses, belgas, luxemburgueses y algunos argelinos. -XV Brigada, integrada por el Batallón Dimitrov (búlgaro) y por ingleses y norteamericanos (Batallón Lincoln, del cual formaban parte también un numeroso contingente de cubanos). -XXIX Brigada, constituida por los batallones eslavo-balcánicos Dialovicc, Dimitrov y Masaryk(…).” Santiago Álvarez, Historia política y militar de las Brigadas Internacionales. Testimonios y Documentos. Compañía Literaria, Madrid, 1996, p. 100.

[38] Rèmi Skoutelsky, op. cit., p. 169.

[39] Ibíd., pp. 174-175. “Un grupo particularmente homogéneo en las brigadas, hasta el punto de que se puede hacer un perfil tipo, es el de los procedentes del País de Gales. De los 174 voluntarios galeses identificados por Hywel Francis, 118 venían de los valles mineros del sur, y 39 de los puertos mineros adyacentes…” Ibíd., p. 176.

[40] Skoutelsky, op. cit., pp. 203-205. El historiador francés hace también referencia al informe que Marty elaboró para la dirección de la Comintern sobre las Brigadas Internacionales en el verano de 1939: “Desde el punto de vista de las características políticas, la enfermedad generalizada de los voluntarios a su llegada a España, una enfermedad que fue prolongada, se curó en cierta medida después de la unificación total de los comunistas en el partido español. Era el sectarismo, la incomprensión de la política del Frente Popular, el escaso análisis de la situación de España. Los voluntarios que venían de Francia, franceses, polacos, italianos, etc., tenían como consigna durante tres meses: ‘Les soviets partout’ [‘¡Crear soviet en todas partes’!] (…) Muchos —entre otros los ingleses y los estadounidenses— pensaban ‘que el Frente Popular era una trampa’ de los comunistas españoles para instaurar progresivamente la dictadura del proletariado ‘sin decirlo’”.

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