México se encuentra en el ojo del huracán de la lucha de clases. En el mes de enero una movilización popular espontánea y masiva estalló contra el incremento del precio de la gasolina. Miles de jóvenes, trabajadores y campesinos se hicieron visibles en decenas de ciudades desafiando la más reciente infamia del gobierno de Peña Nieto. Pero la indignación provocada por esta nueva agresión priista no es un hecho aislado. Desde hace años, asistimos periódicamente a estallidos sociales contra la represión y las políticas del gobierno: desde las marchas y huelgas estudiantiles del IPN, hasta la gran movilización que recorrió México para denunciar el crimen de Estado contra los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, pasando por las huelgas y manifestaciones de los docentes contra la reforma educativa o de los campesinos contra los efectos del TLC.
Esta nueva fase en la lucha de clases mexicana expresa las ansias de cambio que se han ido acumulando en las entrañas de la sociedad. Tanto los gobiernos panistas como la derecha priista han ejecutado una agenda de contrarreformas salvajes destruyendo conquistas históricas de la clase obrera y la juventud mexicana. Pero de esta manera han acabado definitivamente con las grasas sociales que el régimen capitalista mexicano acumuló en las décadas pasadas. Contrarreformas laborales, en el seguro social, en la sanidad, en la educación, en la industria petrolífera, en el campo…, han sido la nota dominante, todo ello para desmantelar el sector estatal productivo y los servicios sociales públicos, y entregarlos a los grandes capitales nacionales y extranjeros a través de planes de privatización masivos. De esta manera se ha producido un trasvase gigantesco de plusvalía de la clase obrera y los sectores populares a los bolsillos de la burguesía mexicana y los grandes monopolios estadounidenses.
La agenda de contrarreformas y privatizaciones ha ido acompañada de un recrudecimiento de la violencia estatal, el incremento de la represión contra los derechos democráticos y la criminalización de la protesta social, lo que ha convertido al gobierno de Peña Nieto, con toda justicia, en el blanco de la furia de millones de mexicanos.
Estas sacudidas no son un punto y final, sino el preludio de un gran movimiento de masas en un futuro no muy lejano. La polarización social y política se va a agudizar con los efectos de la presidencia Trump, su agenda nacionalista en materia económica y sus medidas antiinmigración. Pero la xenofobia y el racismo del nuevo inquilino de la Casa Blanca va a producir los efectos contrarios a los que persigue: el levantamiento de un amplio sector de la población estadounidense contra este programa reaccionario, no va a ser nada comparado con lo que ocurrirá en México y con la irrupción de la comunidad latina en los propios EEUU.
Una economía muy vulnerable
Tras el magro crecimiento logrado bajo el gobierno de Zedillo (1994/2000), la economía nacional ha experimentado década y media de estancamiento: en los dos gobiernos del PAN, con Fox y Calderón, la economía creció un 1,9% respectivamente. Bajo la presidencia priista de Peña Nieto, el PIB registró un avance acumulado del 2,5% entre 2013 y 2016. Es innegable que, en términos macroeconómicos, los primeros cuatro años de la administración de Peña han significado un pequeño repunte pero la tendencia al estancamiento no sólo no se ha revertido, sino que ahora va acompañada de síntomas sombríos. Durante ese mismo lapso, la pobreza entre la población pasó de 37,1% al 42,1%.
La inversión extranjera en estos últimos cuatro años, según datos oficiales, alcanzó los 127.000 millones de dólares, más alta que la que logró Felipe Calderón. No obstante, la probabilidad de que éste volumen de inversión se mantenga es más que cuestionable teniendo en cuenta la posibilidad de una renegociación del Tratado de Libre Comercio con EEUU y Canadá que empeore las condiciones para México, y de una contracción mayor del comercio mundial. De hecho, en los primeros nueve meses de 2016 México recibió casi 20.000 millones de dólares en inversión extranjera directa, un retroceso claro respecto a los 25.800 millones obtenidos en el mismo periodo de 2015. La decisión de Ford de cancelar la construcción de una planta de ensamblaje en la ciudad de San Luis Potosí, un proyecto por valor de 1.600 millones de dólares y que preveía la creación de cerca de 3.000 empleos, es una advertencia de lo que puede pasar en el futuro.
Por otra parte, los 2,6 millones de empleos creados en los últimos cuatro años están muy lejos de lo que se necesita para asimilar tan sólo al 1,4 millón de jóvenes que cada año se integran al mercado laboral. La crisis de sobreproducción mundial, la ralentización del crecimiento estadounidense y la caída de América Latina, y el conjunto de contrarreformas están teniendo efectos negativos: la producción industrial pasó de un pírrico crecimiento del 1% en 2015 al 0% en 2016. El deterioro de la industria manufactura expresa la caída sistemática de las exportaciones totales mexicanas: -4% y -4,4% respectivamente en 2015 y 2016 y para el caso particular de las exportaciones industriales la caída en este último año fue del 6,14%.
La viabilidad de la planta industrial también está siendo puesta en entredicho por las propias estrategias capitalistas que intentan paliar los efectos del estancamiento económico. Por ejemplo, para frenar la fuga de capitales —que en 2016 ascendió a 26.000 millones de dólares— el Banco de México subió las tasas de interés de 3,25% al 5,75%, empeorando las condiciones de financiación para las inversiones. Obviamente la inversión productiva no depende de la liquidez existente, pues como estamos viendo en todo el mundo la caja de las empresas rebosa. En esta fase de estancamiento no hay señales de incrementar sustantivamente los beneficios desde la economía productiva, por eso el juego de la especulación vuelve de nuevo con fuerza.
De 2012 a 2016 la inflación aumentó del 3,57% a 4,8% y el peso se depreció respecto al dólar en un 53%, pasando de 13,13 pesos a los 22,15 pesos por dólar el 11 de enero pasado. Un balance formalista sobre la devaluación del peso arrojaría la conclusión de que al abaratarse el valor de la producción mexicana en el mercado mundial, inevitablemente aumentaría la demanda por sus manufacturas, impulsando sus exportaciones hacia el frente. Pero lo que ha sucedido es todo lo contrario y ahora la industria nacional está en nuevas dificultades. El impago de la deuda externa es un riesgo latente.
Las contrarreformas energéticas de 2008 (Calderón) y 2013 (Peña), combinadas con la caída de los precios internacionales del petróleo, ha significado un descenso de más de 57.000 millones de dólares para las finanzas públicas. Además, la deuda externa se ha incrementado en un 157,2% entre 2009 y 2016. También las reservas de divisas acumuladas por del Banco de México registraron en 2016 un fuerte decrecimiento: 5.562 millones de dólares menos respecto a 2015, rompiéndose así esa dinámica de casi década y media en la cual, año tras año, los resultados siempre eran positivos.
La nueva administración Trump puede tener efectos demoledores para la economía mexicana. El lugar de México en la división internacional del trabajo es evidente: EEUU es el destino del 81% de las exportaciones mexicanas —582.600 millones en 2015— y cualquier decisión que se tome en este asunto tendrá consecuencias inmediatas. Sólo las plantas automotrices exportan 44.000 millones de dólares anualmente.
Si Trump impone finalmente su agenda proteccionista y grava con un 35% las importaciones de mercancías mexicanas, tal como ha advertido, no sólo se alejarán aún más las expectativas de recuperación, sino que México se deslizaría con rapidez hacia la recesión. Por supuesto, los efectos en la economía estadounidense también se harían sentir, pues seis millones de puestos de trabajo en EEUU dependen del comercio con México.
Alrededor de doce millones de mexicanos residen en Estados Unidos, nutriendo a los sectores más explotados de la clase obrera. Antes de Trump, la discriminación, los bajos salarios, la falta de prestaciones sociales, el peligro de deportación y la violencia policial eran el día a día de una gran mayoría. Con la elección de Trump, se suma ahora la amenaza de una posible incautación de sus remesas para financiar la construcción del muro entre México y Estados Unidos. Según datos del Banco de México, en 2015 las remesas alcanzaron los 24.784 millones de dólares, y 2016 podría cerrar con 27.000 millones. Pero si estas medidas se materializaran, los efectos no sólo se dejarán sentir en EEUU, golpearían la situación precaria por la que atraviesa el gobierno de Peña Nieto. México podría vivir una auténtica explosión social.
En definitiva, el incremento en un 20% de los precios de la gasolina combinado con la demás variables económicas adversas (inflación, devaluación del peso, escaso financiamiento, contracción del mercado nacional dado el bajo poder adquisitivo de las familias trabajadoras, medidas proteccionistas de la administración Trump, etcétera) podrían empujar a una franca recesión de la industria nacional (que aporta el 25% del PIB mexicano) y hundir al resto de la economía. De hecho, la firma Merrill Lynch ha reducido su pronóstico de crecimiento para 2017 situándolo en un modestísimo 1,3%.
‘Gasolinazos’, una política para los más ricos
Los incrementos a la gasolina son la consecuencia directa de la privatización de PEMEX y la liberalización de precios, y suponen la eliminación completa de los subsidios del Estado. Es una de las decisiones estratégicas más importantes de la burguesía mexicana de las últimas décadas, y sus consecuencias en el plano social y político no serán menores a las que tengan en el plano económico.
México es un país productor de petróleo, pero su capacidad para refinar y transformar el crudo en gasolina es muy limitada: las contadas refinerías mexicanas trabajan a menos del 40% de la capacidad instalada. El 65% de la gasolina que consume México es importada, un reflejo más que evidente del carácter parasitario del la burguesía nacional, y de su incapacidad para desarrollar las fuerzas productivas. Durante décadas, la clase dominante mexicana ha realizado una auténtica huelga de inversiones para transformar la industria petrolera del país. Parasitando PEMEX, han consumido una parte fundamental de los ingresos provenientes de la venta del crudo en el mercado mundial saqueando las arcas públicas.
Tras comprobar que la modernización de PEMEX requería de grandes inversiones de capital, la clase dominante mexicana ha decidido liquidar la empresa, todo un símbolo de lo que fue la lucha de clases en nuestro país tras la nacionalización petrolera decretada por Lázaro Cárdenas, y vender la explotación de los yacimientos de crudo que están bajo el mar, y que es una parte sustancial del negocio futuro, a las grandes multinacionales del sector. La licitación de los distintos campos petroleros de aguas profundas en la región más codiciada —el Cinturón Plegado Perdido—, una zona cercana al límite fronterizo marítimo con Estados Unidos, se ha repartido entre British Petroleum, Statoil y ExxonMobil, y la China Offshore Oil Corporation E&P México. Este último dato es significativo, pues también demuestra la decisión de los imperialistas chinos de plantar cara a EEUU en su mercado más inmediato, y en uno de los terrenos más importantes para la inversión extranjera en México.
Tanto la compra, transporte, almacenaje, distribución y venta quedará ahora bajo el control de los grandes monopolios del sector, fundamentalmente estadounidenses. Con la apertura y la libre importación de petrolíferos prevista para 2017, el valor del mercado de importaciones de combustibles podría superar 26.560 millones de dólares que actualmente Pemex gasta para traerla. A esto hay que añadir los impuestos que no disminuyen y que son el 33,6% del precio final. Negocio redondo para los ricos y sus representantes en el gobierno.
En lo que va del sexenio las gasolinas han aumentado un 40% su precio. En esta etapa de la liberalización, el gobierno dejará que el precio fluctúe, es decir, suba y baje, dentro de un determinado rango pero para finales de año ese control también desaparecerá. La vieja cantaleta de que la privatización y la competencia bajan precios y mejoran los servicios es un completo fraude. El mercado lo controlan un grupo reducido de monopolios, importadores y distribuidores de gasolina, y una buena parte son de Estados Unidos: las exportaciones estadounidenses de productos derivados del petróleo a México han aumentado 152% en la última década. Serán Exxon, Chevron, Shell, etc., trasnacionales dominantes en el mercado mundial, quienes controlarán la venta de gasolina en México rompiendo cualquier esquema de “libre competencia”.
El impacto directo e indirecto del gasolinazo será inmediato. El aumento en el costo de transporte afectará, antes o después, al de las mercancías, particularmente al precio de alimentos, la electricidad y el gas. De hecho, la escalada ya empezó: el precio del kilo de tortilla ha aumentado entre 1 y 2 pesos y hay lugares donde llega a los 19 pesos el kilo; se prevé que leche y el huevo terminen el año con aumento de 30%... En diferentes estados ya hay incrementos “ilegales” del precio del pasaje, y otros legales como en Nuevo León, dónde el boleto de camión podría subir hasta los 18 pesos. El cinismo de la patronal no tiene límites: en Yucatán, por ejemplo, han llegado a un acuerdo estatal para asegurar que los aumentos no superen ¡el 15%!
Otro efecto secundario son los planes de austeridad que están siendo aprobados por los Gobiernos estatales, que en realidad suponen ataques al empleo y a las condiciones laborales. En Sonora pretenden reducir la nómina de trabajadores públicos en un 15%, a sumar a los 16.000 de PEMEX este año y los 20.000 del Gobierno Federal. Los gobernadores del norte proponen un “esquema flexible” para la importación de gasolinas, es decir, facilidades para ampliar los efectos de las reformas. En Jalisco quieren ofrecer zonas para almacenamiento de combustible, cumpliendo con el esquema actual de la reforma que es entregar tierras para abaratar la introducción de los negocios de gasolineras nacionales y extranjeras.
Una explosión de rabia y descontento… que no será la última
La respuesta de los trabajadores, de la juventud, de los sectores populares ante esta agresión ha sido contundente. Todo el país ha vivido intensas movilizaciones y actos de protesta. Manifestaciones, bloqueos carreteros y ferroviarios, cierres de gasolineras y cierres de estaciones de abastecimiento de PEMEX, clausura de oficinas de recaudación, y movilizaciones y más movilizaciones que han terminado invadiendo los edificios públicos al grito de ¡Fuera Peña! y ¡No al gasolinazo!
La lucha desatada ha contado con una nueva característica de primer orden: las protestas no se han quedado en las grandes ciudades sino que han convocado a miles en poblaciones medianas o pequeñas con una magnitud desconocida. A través de llamados transmitidos de persona a persona y por las redes sociales, cientos de miles, de manera espontánea o contando con el apoyo de cientos de pequeñas organizaciones, han generado un movimiento de protesta tremendo.
Los trabajadores, con su instinto de clase, han sido una parte activa de todo el movimiento, pero necesitamos que los sindicatos democráticos y a la izquierda se impliquen de manera activa. Las organizaciones que han demostrado su compromiso con los oprimidos deben aportar su fuerza y tradiciones de lucha, en primer lugar la CNTE. En cientos de pancartas vemos la influencia positiva que la lucha del magisterio democrático ha tenido entre sectores de trabajadores y jóvenes que ahora están participando en la acción ¡Hay que unir esa fuerza, hay que hacerla imparable! Lo mismo sirve para el sindicalismo independiente, el SME, la UNTyPP, STUNAM… que no puede conformarse con simples llamados: hay que organizar el movimiento, unificarlo, extenderlo y defender una política de clase consecuente.
La rebelión contra el gasolinazo, como anteriormente otras explosiones de la juventud y la clase trabajadora, ha tenido un carácter muy espontáneo y radicalizado, también como respuesta al colaboracionismo del sindicalismo oficialista y la actitud de la dirección de Morena que con su pasividad sostiene, en la práctica, las políticas gubernamentales. Este espontaneísmo es una muestra del potencial revolucionario latente, pero también tiene sus debilidades y hay que combatirlas con claridad. Aprovechando la descoordinación y la falta de organización, la protesta comenzó a ser saboteada por el Régimen a través de infiltrados y provocadores, con la participación del sector más marginal de las zonas populares, para desviarlo hacia el saqueo de tiendas. Correctamente se ha denunciado esto como una estrategia para reventar el movimiento y criminalizar la protesta. Por tanto, nuestras acciones deben contar con una protección activa, que separe y aleje a los infiltrados, rechace las provocaciones y defienda al movimiento de los ataques de la policía que ya han dejado varios muertos y heridos. Pero el problema no es tanto el saqueo como la necesidad de que el movimiento se organice y de dote de un programa socialista de lucha.
Construir una alternativa revolucionaria
Otro síntoma importante de esta nueva etapa en la lucha de clases es la conformación del Consejo Indígena de Gobierno (CIG) a partir del Consejo Nacional Indígena (CNI) y del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Este nuevo organismo ha decidido elegir a una compañera como vocera que además contenderá como candidata independiente en la elecciones del 2018. “Esta iniciativa de lucha fue debatida por 43 pueblos originarios de 523 comunidades de 25 estados del país; de esas, 430 comunidades aprobaron la propuesta” (La Jornada Maya, 10 de enero de 2017).
En los últimos quince años la violencia y represión del Estado, el narcotráfico, la miseria y el desempleo, y las constantes humillaciones del sistema sobre nuestras comunidades y el campo, se han agravado drásticamente. Los altos costos de las materias primas generaron un proceso de depredación capitalista que amenaza cada vez más las tierras de los pueblos originarios. Por ejemplo, la programación de 70 proyectos hidroeléctricos en 19 estados de la República, de ponerse en marcha, supondrían el desplazamiento de más de 170.000 personas de sus comunidades. A escala nacional existen más de 400 empresas mineras que acaparan el agua, contaminan el ambiente y los mantos freáticos de nuestros pueblos: en 2013 las concesiones mineras en el Estado de Oaxaca superaban las 817.000 hectáreas, lo que equivalía a casi el 24% del territorio del Estado. La voracidad del capital por obtener ganancias a costa del medio ambiente donde vivimos millones de trabajadores del campo e indígenas no tiene límite.
El aislamiento que ha atravesado el EZLN tiene mucho que ver con la inhibición de su dirección en numerosas batallas que se han planteado en estos años, contra la agenda de privatizaciones, recortes y ataques a nuestros derechos lanzados desde los gobiernos del PAN-PRI, así como en las contiendas electorales. Por supuesto, el combate de las comunidades indígenas por sus derechos ha sido una fuente de inspiración para todos los oprimidos. Acontecimientos como los de Cherán —donde la comunidad purépecha ha ganado el reconocimiento de su autogobierno—, o las autodefensas en Ostula (Michoacán) que han hecho retroceder al gobierno y al narcotráfico a costa de una larga batalla, represión y cárcel, muestran un gran nervio revolucionario imprescindible en la lucha por el socialismo. Por eso el paso dado por el EZLN y el CNI es, sin duda, una gran noticia, porque pone en el centro del debate la necesidad de levantar una candidatura presidencial que defienda los intereses de los oprimidos de México, de las comunidades indígenas, del campesinado, de los trabajadores y la juventud.
El programa del CIG debería incluir las demandas de todo el pueblo, que incluya a los trabajadores de la ciudad, a las mujeres, a la comunidad sexodiversa, a los migrantes, que sea abiertamente anticapitalista, en contra de la privatización de las tierras y de los recursos naturales, por la expropiación de las mineras bajo control democrático de los trabajadores, por el acercamiento y la dignificación de los servicios públicos esenciales para todas las comunidades y particularmente para las más alejadas (electricidad, agua, servicios sanitarios, educación en la lengua nativa…). Estas medidas, y muchas otras, servirán de ariete para combatir la pobreza y la marginación.
Este programa hay que defenderlo no sólo en los espacios que nos abra el proceso electoral sino sobre todo con movilizaciones conjuntas en todo el país, creación de comités de base en el campo y en la ciudad, convocatoria de asambleas en cada centro escolar del país para discutir el programa y organizar todo el descontento de la juventud y los trabajadores.
La decisión del EZLN ha supuesto un nuevo aliento para la lucha de clases. Pero todavía es prematuro acotar sus efectos reales en la contienda electoral. No es tampoco ninguna casualidad que ante este anuncio, y después del gran movimiento de masas contra el gasolinazo, la dirección de Morena, y AMLO en particular, estén cada día más presentes en los medios de comunicación de la burguesía como una posible opción ganadora en las elecciones presidenciales.
En los últimos años, Morena ha sufrido un fuerte desprestigio entre amplios sectores de la clase trabajadora y la juventud más militante y activa en las luchas sociales. Y no podía ser de otra manera cuando hemos visto a AMLO mirando hacia otro lado en las grandes batallas que hemos librado contra las contrarreformas impulsadas por el PAN-PRI, ante las movilizaciones por el asesinato de 43 normalistas de Ayotzinapa o, recientemente, dando su apoyo a Peña Nieto en sus “patriotas” declaraciones contra Trump, cuando no son más que un intento de aparentar oposición al imperialismo norteamericano por parte de su mayordomo más fiel.
Parece claro que un sector de la burguesía mexicana, ante lo que se le viene encima, podría estar barajando la posibilidad de facilitar el triunfo de AMLO en 2018 y frenar de esta manera el ascenso de la lucha de clases y su radicalización. En este sentido, las maniobras para desembarcar en el entorno del dirigente de Morena a cualificados representantes del mundo empresarial, incluso de muchos que tuvieron responsabilidades en el fraude electoral de 2006, es todo un síntoma. Es el caso de la integración de Esteban Moctezuma al equipo de López Obrador. Ex priista de viejo cuño, Secretario de Gobernación en tiempos de Zedillo, acusado por los zapatistas de tender una emboscada asesina a la dirección del EZLN, Moctezuma es en la actualidad empleado de Ricardo Salinas, el feroz derechista propietario de Televisión Azteca.
Es obvio que la candidatura de AMLO podría tomar fuerza ante el desprestigio del PRI, y de nuevo volver a despertar ilusiones entre una capa amplia de trabajadores y jóvenes. Pero debemos ser concretos. Desde Izquierda Revolucionaria creemos firmemente que es un error estimular la más mínima confianza en AMLO ni en sus políticas. López Obrador ha tenido oportunidades excepcionales para romper definitivamente con la agenda de la burguesía y basarse en la lucha de los trabajadores y oprimidos de México. Pero en lugar de impulsar la movilización y la organización, AMLO ha permitido la entrada en aluvión de todo tipo de arribistas en la dirección de Morena, ha contribuido a la expulsión y depuración de cientos de activistas y militantes comprometidos, y se ha negado a emprender una batalla seria y decidida contra las políticas reaccionarias de los gobiernos del PAN y del PRI. Por supuesto que muchos sectores oprimidos mirarán de nuevo a AMLO en las elecciones, pero incluso su triunfo no evitará que tengamos que luchar duramente para romper con sus políticas que serán, sin duda, respetuosas con la lógica del capitalismo.
Izquierda Revolucionaria se posiciona sin dudar con todos los pasos adelante que reflejen un avance en la organización y en la conciencia de los oprimidos. Saludamos la decisión del EZLN-CNI, y aportaremos nuestras energías para su confluencia con el conjunto de los movimientos sociales, activistas y organizaciones de la izquierda, en un gran frente único para derrotar al PRI, al PAN y a todos los instrumentos políticos del gran capital mexicano e internacional. Pero somos conscientes de que el cambio que necesitamos no se logrará a través del juego parlamentario, sino construyendo una gran alternativa revolucionaria, socialista e internacionalista para derrocar el capitalismo.