Los acontecimientos desarrollados en Catalunya durante los últimos meses han sacudido la escena política en el Estado español, en Europa y en el mundo, captando la atención de los activistas de la izquierda. No puede ser de otro modo, pues las imágenes del 1 de octubre pasado en las que cientos de miles de ciudadanos, trabajadores y jóvenes catalanes ejercieron su derecho a decidir, y resistieron ejemplarmente la brutal represión de la policía y la Guardia Civil, provocaron un impacto tremendo en la conciencia de millones.
Estamos ante un antes y un después en la historia reciente de Catalunya. Mediante su acción directa las masas derrotaron la represión salvaje del Estado y mostraron su firme decisión de romper con el régimen del 78, votando masivamente por la república catalana. La reacción virulenta de la burguesía española y catalana, del gobierno del PP, de sus aliados políticos y del aparato del Estado para cerrar la crisis revolucionaria abierta, todavía no ha conquistado sus objetivos.
Para todos los que aspiramos a la transformación de la sociedad, la cuestión nacional catalana ha vuelto a erigirse en un ariete decisivo para acabar con el capitalismo en el Estado español.
La campaña de la derecha españolista viene de lejos
Las provocaciones y ataques contra los derechos democráticos del pueblo catalán han sido particularmente intensos durante los últimos años, convirtiéndose en santo y seña de la derecha, del aparato del Estado (militares, policías, judicatura), y los medios de comunicación españolistas.
El Estatut aprobado en 2005 por el Parlament de Catalunya no despertó demasiado entusiasmo, pues no representaba un avance sustancial ni en libertades democráticas ni en derechos sociales. Sin embargo, todo cambió con la eliminación en 2010 por el Tribunal Constitucional de buena parte de su contenido respondiendo favorablemente al recurso presentado por el PP —especialmente el título que reconocía a Catalunya como nación—. De nada valió que un 74% de los votantes ratificaran ese Estatut en referéndum. El mensaje de los jueces y el PP no podía ser más claro: un desprecio autoritario del Estado centralista ante lo que consideraba un desafío a la españolidad de Catalunya y la “unidad de la patria”. La respuesta de indignación de la población catalana fue una manifestación masiva el 10 de julio de 2010 en las calles de Barcelona bajo el lema “Som una nació, nosaltres decidim”.
La campaña furiosa de catalanofobia desatada desde el PP y el aparato del Estado entraba en una nueva etapa. La ofensiva se concentró con especial intensidad en la cuestión lingüística, un aspecto particularmente sensible para la población. El Tribunal Supremo dictó varias sentencias contra el sistema de inmersión lingüística, que representa una gran conquista social y cultural alcanzada mediante la lucha conjunta de los trabajadores de origen catalán y otros llegados de diferentes puntos del Estado en los años setenta, y que ha servido para garantizar durante décadas la integración y la convivencia.
PP y Ciudadanos (Cs) mienten descaradamente cuando presentan al castellano como idioma perseguido en Catalunya. Ambos idiomas conviven, siendo habituales las conversaciones bilingües. De hecho, el nivel de conocimiento del castellano en el sistema educativo de Catalunya es superior a la media estatal y su presencia es marcadamente superior a la del catalán en ámbitos claves para la normalización lingüística como cine, internet, televisión, publicaciones impresas y literatura de todo tipo… El nacionalismo españolista tergiversa esta cuestión para fomentar prejuicios anticatalanistas que amplíen su base de apoyo dentro y fuera de Catalunya.
La actitud de la derecha española hacia el catalán siempre ha sido de ensañamiento. Cuando el PP gobernaba Baleares suprimió horas de clase en catalán y aprobó leyes que permitían multar a quienes colgaran banderas catalanas en colegios, institutos o edificios públicos. El ultrareaccionario ministro de educación, José Ignacio Wert, planteó que un objetivo esencial de su reforma educativa (LOMCE) era “españolizar a los alumnos catalanes”.
Durante los últimos años esta ofensiva ha llegado al paroxismo. Declaraciones como la del coronel Francisco Alamán en torno a la Diada de 2011, afirmando que la independencia de Catalunya sólo se produciría “por encima de mi cadáver y el de muchos”, y refiriéndose al ejército como un “león dormido” pero advirtiendo: “no provoquen demasiado al león, porque ya ha dado pruebas sobradas de su ferocidad a lo largo de los siglos”, no son algo excepcional. Ese mismo año la Asociación de Militares Españoles (AME), formada por 3.500 mandos, exigió al gobierno y al poder judicial “suprimir cualquier atisbo de secesión” y que quienes lo hayan “permitido, participado o colaborado” respondiesen por “alta traición (…) ante la jurisdicción castrense”. Tras el 1 de octubre, un miembro del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) insistió en que el ejército actuaría si no se ponía coto al “separatismo”
La clase dominante española ha dado sobradas muestras de cómo entiende la “unidad de la patria”. Lo hizo respaldando un golpe militar fascista en julio de 1936, del que surgió una dictadura brutal que gobernó por cuarenta años. Los herederos de esa burguesía no han cambiado un ápice sus posiciones. En 2014, un informe del Instituto de Estudios Económicos, dependiente de la CEOE, señalaba el guión a aplicar en caso de referéndum de autodeterminación en Catalunya: “suspensión del Estatuto de Autonomía”, “destitución del Gobierno catalán”, “cierre del Parlament”, “restringiendo algunos derechos constitucionales como es normal en estas situaciones extraordinarias”. ¿A alguien le suena? Pero el documento iba más lejos: “abortada la secesión, encarcelados sus líderes e ilegalizados los partidos políticos que la apoyaron, se abriría un período transitorio durante el cual el Estatut quedaría en suspenso y las competencias transferidas volverían a manos del Gobierno”.
El combustible que alimenta la cuestión nacional catalana
Dos factores han sido fundamentales para que crezca tanto, y tan rápido, el movimiento de masas por la independencia en Catalunya durante los últimos años: una crisis económica y social virulenta, y el recrudecimiento de la opresión nacional del Estado centralista. Ambos elementos se han desarrollado y agudizado de forma paralela hasta confluir y desembocar, espoleados por el látigo de la reacción el 1 de octubre, en una crisis revolucionaria.
Desde 2008 se calcula que la crisis capitalista ha destruido un 25% del tejido industrial catalán. Si en ese año el porcentaje de trabajadores en paro que llevaba más de un año sin encontrar empleo representaba apenas un 16%, en 2016 alcanzaba ¡el 53%! El 71% de ellos no percibe ninguna prestación o subsidio. Durante el mismo período las rentas del trabajo cayeron 4 puntos (del 50% al 46%) y las del capital subieron 3, del 42% al 45%.
Al enorme malestar social que provoca este deterioro en las condiciones de vida se une la represión de los derechos democrático-nacionales. La opresión nacional sobre los pueblos de Catalunya, Euskal Herria y Galiza por parte de la burguesía centralista y su Estado es real, consustancial a la propia configuración de la “nación española”. Cualquiera que estudie la historia del Estado español puede observar el estallido periódico de la cuestión nacional, especialmente en los momentos de crisis económica y social, cuando la lucha contra la dictadura del capital y un deseo profundo de cambio se entrelazan con las aspiraciones democrático-nacionales no resueltas y sistemáticamente reprimidas del pueblo catalán, vasco y gallego.
Aunque estos pueblos tienen una historia, lengua y cultura propias nunca se les ha permitido decidir si quieren formar parte del Estado español o no. Bajo el franquismo sus aspiraciones democrático-nacionales fueron salvajemente aplastadas, y desde la Transición cualquier avance ha sido conquistado mediante la lucha contra la burguesía española. Como evidencia la aplicación del 155, esas conquistas democráticas, incluso las más limitadas, están hoy bajo amenaza.
El nacionalismo burgués
Los dirigentes del PDeCAT (antes Convergencia) nunca han apostado por la independencia, menos aún por una república catalana. Esta derecha nacionalista, representante tradicional de la burguesía catalana, siempre ha sido un pilar de la estabilidad del capitalismo español.
Convergencia i Uniò, y su líder histórico Jordi Pujol, sostuvieron los gobiernos de Felipe González y Aznar y toda su agenda de ataques contra los trabajadores y las libertades democráticas: reconversiones industriales salvajes, contrarreformas laborales que abrieron las puertas a la precariedad y bajos salarios actuales, recortes de las pensiones, privatizaciones masivas de empresas y servicios públicos, guerra sucia y legislación represiva, etc... En pago por los servicios prestados, el Estado y los gobiernos centrales consintieron que Convergencia se financiara fraudulentamente, igual que lo hacían PSOE y PP. Muchos dirigentes convergentes, Pujol el primero, hicieron fortunas robando a manos llenas el patrimonio público.
En el Govern de la Generalitat, el PDeCAT, Puigdemont incluido, ha aplicado las mismas políticas de austeridad y recortes que Rajoy y, en algunos casos, yendo incluso más lejos. La privatización en educación y sanidad está más avanzada en Catalunya, la situación laboral de los interinos es peor y las tasas universitarias son un 30% más elevadas. El presupuesto público de la Generalitat en gasto social global fue recortado un 17% de 2010 a 2015: el educativo en un 17%, el sanitario un 14%, el de vivienda ¡¡el 60%!! Cuando los trabajadores y jóvenes catalanes protestaron contra estos recortes, el Govern no dudó en utilizar a los Mossos d’Esquadra para reprimir con dureza sus movilizaciones o para ejecutar desahucios.
Estas políticas provocaron un malestar creciente contra la derecha catalanista. En 2012 el gobierno de Artur Mas era cada vez más cuestionado y la indignación llenaba las calles contra los recortes. Fue en ese contexto cuando el aparato de Convergencia decidió subirse al carro del independentismo e intentar explotar en su propio beneficio el movimiento de masas que reclamaba el derecho de Catalunya a decidir su futuro, desviando así el foco de la protesta social contra sus políticas. Lamentablemente, organizaciones de la izquierda independentista como la CUP aceptaron este giro como un “paso adelante” y sostuvieron parlamentariamente a los diferentes gobiernos del PeDECAT, sus recortes y sus políticas de austeridad en aras de la independencia nacional.
Cuestión nacional y marxismo
¿Qué posición tenemos los marxistas ante estos acontecimientos? En primer lugar dejamos meridianamente claro nuestro completo rechazo a la brutal ofensiva reaccionaria del PP y de sus aliados políticos, Ciudadanos y el PSOE, del aparato del Estado, la judicatura y el ejército, y de los medios de comunicación del sistema, contra el derecho a la autodeterminación del pueblo de Catalunya. En segundo lugar, sostenemos que hay que arrebatar a los políticos burgueses y pequeños burgueses la dirección de este movimiento de masas democrático-nacional, y ligar el combate por la república a la transformación socialista de Catalunya, del Estado español y de Europa.
Como ya sucedió históricamente, la cuestión nacional se ha revelado un problema irresoluble para la izquierda reformista y parlamentaria en todas sus variantes: o bien ha sostenido el punto de vista de la clase dominante, amplificando todos los prejuicios del nacionalismo españolista y respaldando las medidas represivas del Estado, como ha sido el caso del PSOE; o, abandonando una posición de clase, revolucionaria e internacionalista, han planteado una equidistancia imposible entre la nación opresora y su Estado y el movimiento de masas de la nación oprimida, concediendo a la burguesía española y catalana un gran margen de maniobra para sus fines reaccionarios, como ha sido el caso de Podemos e IU.
La lucha de millones de personas por el derecho a la autodeterminación y la república catalana, contra el PP y el régimen del 78, ha sido denunciada por numerosos intelectuales “progresistas”, e incluso por políticos de izquierdas que se llegan a declarar “republicanos” y “comunistas” como Alberto Garzón, como un movimiento reaccionario dirigido por las élites catalanas.
Este argumento es inaceptable para un revolucionario. La verdad es siempre concreta, y en este caso, es más que evidente que la burguesía catalana no sólo no ha impulsado la lucha por la independencia y la república, sino que se ha posicionado rotundamente en contra, aliándose con la burguesía española y jugando un papel fundamental al alentar la campaña del miedo. Por tanto, lo que algunos consideran una postura “de clase”, sólo esconde una completa renuncia a intervenir en un movimiento de masas que desafía la represión y lucha contra una unidad nacional impuesta con métodos autoritarios, y que podría jugar además un gran papel para movilizar a los oprimidos del resto del Estado contra el gobierno del PP, su corrupción y sus recortes.
Garzón se declara marxista, y pretende justificar sus posiciones falsificando de forma grosera el pensamiento de los grandes marxistas. Hace más de 100 años, Lenin escribió un magnífico texto, El derecho de las naciones a la autodeterminación, fijando la posición de los marxistas revolucionarios sobre este tema. Lenin no era nacionalista, tampoco Marx ni Engels. Eran internacionalistas, pero entendían que la defensa del derecho a la autodeterminación de las naciones oprimidas, como hoy es el caso de Catalunya, era algo prioritario en la batalla por el socialismo. Luchar contra la opresión nacional es igual de importante que luchar contra la opresión de clase. Por supuesto, en el movimiento de liberación nacional los marxistas nunca nos subordinamos a la burguesía de la nación oprimida, en este caso a la burguesía catalana, ni a su representación política, el PDeCAT. Al tiempo que abogamos por el derecho de autodeterminación de la nación oprimida —que significa obviamente su derecho a la independencia—, esta demanda democrática la vinculamos a la lucha por un programa revolucionario y la transformación socialista, lo que implica mantener una completa independencia política respecto a la burguesía.
A la hora de sitarse ante los movimientos de liberación nacional, como siempre hacían Marx, Engels, Lenin o Trotsky, es necesario distinguir entre sus tendencias reaccionarias y progresistas, y apoyarse en estas últimas para hacerlo avanzar en una dirección anticapitalista y revolucionaria. En el movimiento de masas por la república catalana hay que diferenciar, por un lado, el papel que juegan en él los dirigentes del PDeCAT o de ERC, que no quieren romper con la lógica del capitalismo y que en el Govern han asumido medidas de ajuste y austeridad; y por otro, la inmensa mayoría de quienes lo integran: cientos de miles de jóvenes, amplios sectores de las capas medias empobrecida y de la clase trabajadora más radicalizada, que luchan contra la opresión nacional del Estado, contra las políticas del PP y aspiran a una república catalana con justicia social. Esta ha sido, mayoritariamente, la base social que ha nutrido las grandes manifestaciones de la Diada que han abarrotado las calles de Barcelona y de Catalunya en los últimos años.
Los hechos son tozudos: el movimiento de masas del 1 y del 3 de octubre, que en esta última jornada protagonizó una huelga general histórica, desbordó por la izquierda a los dirigentes del PDeCAT y de ERC, muchos de los cuales vacilaron hasta el último momento en organizar el referéndum, y provocó el mayor desafío al régimen del 78, a sus partidos y sus instituciones.
El régimen del 78 y el derecho a la autodeterminación
Durante cuatro décadas se nos ha presentado este régimen como producto del consenso democrático. La realidad fue que, entre 1976 y 1978, distintos políticos franquistas (Martín Villa, Adolfo Suárez y muchos otros) se reconvierten en “demócratas” siguiendo las directrices la burguesía española e internacional y, para abortar una situación revolucionaria que no sólo amenazaba con barrer la dictadura sino también al capitalismo español, buscan un acuerdo con las direcciones de las organizaciones de la izquierda (PCE y PSOE)
Este gran pacto, o gran traición si lo consideramos desde el punto de vista de la clase obrera, supuso un cambio de fachada. La clase dominante española reconoció legalmente parte de las libertades y derechos democráticos que ya habían sido impuestos por la movilización popular, a cambio de que los dirigentes del PSOE y el PCE (Felipe González y Santiago Carrillo) aceptaran el régimen monárquico impuesto por Franco, asumieran la economía de “libre mercado” y una ley de punto y final que garantizó la impunidad de los crímenes del franquismo y mantuvo intacto un aparato estatal (judicatura, fuerzas policiales y militares) heredado de la dictadura.
La Constitución de 1978 enmarcó todas estas concesiones y les dio la forma de “democracia parlamentaria”. Los dirigentes del PSOE y del PCE apoyaron entusiastamente este nuevo régimen, del que decían era una etapa previa para el socialismo. En realidad, con su actuación permitieron que los grandes capitalistas retomaran el control completo de la situación poniendo fin a la gran crisis revolucionaria que sacudió el Estado español en aquellos años.
Un elemento central de todo este “consenso” fue negar el derecho de autodeterminación de Catalunya, Euskal Herria y Galiza. El texto constitucional reconoció las Comunidades Autónomas, pero garantizando la unidad de la “Patria” mediante medidas de excepción (como el artículo 155) y el recurso a la violencia legal del Estado. La España, una, grande y libre quedaba a salvo.
Los argumentos de las direcciones reformistas de la izquierda para aceptar aquel “acuerdo” fueron los que siempre se utilizan en una situación revolucionaria para justificar el derrotismo: “ruido de sables”, “amenaza golpista”, “correlación de fuerzas” desfavorable. Este último argumento, por cierto, se intenta utilizar hoy en Catalunya también para justificar el abandono de la lucha por la república.
Oportunismo y colaboración de clases
Las razones anteriores señalan la absoluta incongruencia de aquellos dirigentes que se llenan la boca de denuncias contra el “régimen del 78” y declaran la necesidad de abrir “un nuevo proceso constituyente”, pero a la hora de la verdad, cuando las masas se ponen en marcha las abandonan y las denuncian por “despertar al fascismo”.
Es realmente increíble que cuando el pueblo de Catalunya se levanta contra la opresión, la dirección estatal de Podemos, de Izquierda Unida y los dirigentes de Catalunya en Comú se conviertan en campeones del respeto a la legalidad capitalista, insistiendo en un referéndum pactado y defendiendo ideas tan reaccionarias como que el 155 es el resultado de la falta de “diálogo” y “responsabilidad” política de Rajoy y Puigdemont en igual medida.
Pablo Iglesias, Alberto Garzón y otros dirigentes de Unidos Podemos no quieren ver el fondo del asunto. ¿Su alternativa es un referéndum acordado con el mismo Estado que contesta a la movilización democrática del pueblo de Catalunya con la cárcel, las porras y las pelotas de goma? ¿Acaso estos dirigentes no han oído hablar de la lucha de clases? Si se ha llegado a un enfrentamiento tan duro es porque el Estado centralista y el régimen del 78 jamás aceptarán un referéndum pactado y legal sobre la autodeterminación de Catalunya. Y no lo harán por los motivos políticos señalados y otros económicos de mucho peso: la burguesía española no está dispuesta a renunciar a un mercado como el catalán, que representa casi un tercio del PIB español.
Un argumento que suelen unir al anterior los dirigentes de IU y Podemos es que el referéndum del 1 de octubre, además de ser ilegal, no es legítimo. Ver para creer. Es embarazoso tener que recordar a Pablo Iglesias y Alberto Garzón que todas las movilizaciones que han servido para obtener derechos y mejoras sociales, empezaron en muchos casos siendo ilegales, precisamente porque las leyes suelen estar hechas por y para los opresores. ¿Cómo se consiguió el voto de las mujeres? ¿Cómo se acabó con la dictadura de Franco? ¿Cómo se consiguieron frenar las leyes racistas y segregacionistas en EEUU o Sudáfrica? La lista se haría interminable. Pero para ir más cerca en el tiempo. ¿Cómo se han impedido cientos de desahucios? ¿Respetando una legalidad fraudulenta que sólo sirve a los intereses de los banqueros? ¿Acaso se han olvidado ya del 15-M? ¿Cómo se puede anteponer la legalidad, y menos la legalidad de un Estado tan represivo y autoritario, a las justas aspiraciones democráticas de un pueblo en lucha?
La cosa se pone aún peor con el “argumento” de la ilegitimidad del referéndum del 1 de octubre. Más de 2.200.000 personas defendieron e impusieron su derecho a votar enfrentándose a las porras y pelotas de goma de decenas de miles de policías y guardias civiles. El porcentaje de participación de este referéndum fue superior al de las elecciones europeas de 2014. El número de votos favorables a la república catalana superó claramente los votos afirmativos al Estatut de 1977, la norma que regula la relación de Catalunya con el Estado español ¡Qué elección podría tener más legitimidad que ésta, conquistada mediante la lucha, la movilización y la resistencia frente al Estado y su maquinaria represiva!
Las posiciones de los dirigentes de Unidos Podemos son insostenibles no sólo desde el punto de vista de la defensa de los derechos democráticos de Catalunya. También si tenemos en cuenta el llamado “proceso constituyente” que defienden como estrategia para alcanzar una “República Federal”. Ni Garzón ni Pablo Iglesias aclaran qué orientación de clase, capitalista o socialista, tendría ese proceso constituyente ni esa república federal. Pero, independientemente de eso, ¿cómo pretenden lograrlo? ¿Mediante el acuerdo con el Estado franquista y el PP? ¿Alcanzando un consenso con la burguesía española?
La proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931 fue resultado de la acción revolucionaria de las masas que echaron abajo la dictadura de Primo de Rivera, y con sus huelgas y movilizaciones masivas durante 1930 y 1931 mandaron a Alfonso XIII al exilio. La proclamación de la república, aceptada a regañadientes por los capitalistas como un mal menor, no pudo contener el movimiento de los trabajadores, los campesinos sin tierra y la juventud hacia la revolución socialista.
La analogía histórica tiene su importancia. Una república catalana ganada mediante la acción revolucionaria de la población lleva inevitablemente a un combate frontal contra el PDeCAT y la burguesía catalana. Y no sólo abriría las puertas a la revolución en Catalunya, más pronto que tarde contagiaría al resto del Estado. El régimen del 78, que está en crisis y cada vez más desprestigiado, colapsaría. Eso lo han comprendido desde el primer momento la burguesía española y la catalana, de ahí su reacción furibunda para aplastar este movimiento utilizando todos los medios a su alcance.
Continuar leyendo la segunda parte Catalunya. Balance de una crisis revolucionaria (II)