La Fundación Federico Engels acaba de publicar el nuevo libro de Julio Gomariz, Los últimos zarpazos. Presos políticos en el final del franquismo, un amplio y documentado estudio de la represión que contiene más de once mil referencias de los activistas y militantes de la izquierda que fueron juzgados y condenados por el Tribunal de Orden Público (TOP) o los militares.

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Julio fue militante del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y del PCE (m-l), detenido por ­Billy el ­Niño y otros sociales en 1975, torturado en la Dirección Ge­neral de Seguridad y encarcelado junto  a sus camaradas tras ser falsamente acusado de participar en la muerte de un guardia civil.

Conversamos con el autor para que nos explique más a fondo el contenido de esta singular y necesaria investigación histórica, imprescindible para mantener viva la lucha por la verdad, la reparación y la justicia que se les sigue negando a las víctimas del ­franquismo.

El Militante.- Estamos ante un trabajo muy serio sobre la represión de la dictadura en sus últimos años. ¿­Cuáles son los elementos más sobresalientes de tu investigación y a los que das más importancia?

Julio Gomariz.- La investigación se basa en el análisis de documentos de diversas fuentes, que tienen el valor incontestable de ser documentación oficial y contrastada. En la mayoría de los casos se trata de sentencias judiciales, en ­algunos, de documentos oficiales, como el Boletín Oficial del Estado, también de datos e informes emitidos por distintas administraciones, así como notas de prensa provenientes de organismos oficiales.

Una vez comprobados los datos y filtrados para evitar reiteraciones y errores fueron ordenados alfabéticamente y clasificados por comunidades autónomas. En conclusión, se trata de un trabajo basado en fuentes fiables, que ya han sido también tratados por otros autores, como Juan José del Águila y Luis Puicercús. Con este trabajo se pretende evitar que las miles de víctimas de la represión franquista en los últimos años de la dictadura caigan en el olvido y dotar a los que continúen luchando por la libertad e igualdad de un humilde instrumento para dar más fundamento a sus justas batallas. Se trata de documentar lo más posible lo que sucedió, porque es evidente que lo que no se documenta adecuadamente desaparece.

EM.- Como militante en la clandestinidad del FRAP, ¿la lucha por las libertades democráticas las veíais como un fin en sí mismo o como un medio en un combate más amplio por el socialismo?

JG.- El segundo de los seis puntos que definían los principios políticos del FRAP declaraba: “Establecimiento de una República Popular y Federativa que garantice las libertades democráticas al pueblo y los derechos para las minorías nacionales”. El FRAP como tal no pretendía alcanzar el socialismo y la obtención de las libertades democráticas eran una consecuencia, no un objetivo. Otra cosa era el PCE (m-l), que era el núcleo político del frente. Este partido sí consideraba la consecución de esa República mediante la lucha revolucionaria como una etapa intermedia para alcanzar el socialismo.

EM.- ¿Qué lecciones se pueden ­sacar de la bru­tal represión de ­aquellos años? ¿Las detenciones, las ­torturas, los asesinatos frenaron las luchas obreras?

JG.- Durante muchos años, las durísimas condiciones de vida impuestas por la dictadura solo podían mantenerse mediante la represión más salvaje e indiscriminada. Al finalizar la Guerra Mundial se creó una situación diferente y las mejores perspectivas económicas obligaron al franquismo a buscar formas más atenuadas, pero siempre manteniendo el orden público como el bien de máxima protección. La represión se hizo más selectiva y sofisticada, se buscaron otros medios complementarios menos drásticos, tales como la propaganda u organismos poco operativos como los sindicatos. No obstante, la falta de libertades y las malas condiciones sociales y laborales generaron contradicciones a las que el régimen daba siempre la misma respuesta: represión. Sin embargo, esa respuesta perdió eficacia, los trabajadores, los movimientos vecinales, estudiantiles, nacionalistas… no solo no retrocedieron, sino que intensificaron sus reivindicaciones y radicalizaron sus luchas.

Esto causó cientos de muertos y heridos, además de miles de presos y detenidos, pero no lograron frenar los conflictos, al contrario, los generalizaron y exacerbaron. Como se indica en el libro, los conflictos multiplicaron la actividad del máximo exponente represivo del régimen, el Tribunal de Orden Público, cuyo trabajo se incrementó espectacularmente los últimos años de su existencia. La dictadura había fracasado. No habían sabido proteger el “orden público”, su máximo tesoro, y no habían detenido las luchas y las reivindicaciones.

EM.- En tu introducción haces un balance muy crítico de los pactos de la Transición. ¿Cuáles fueron a tu entender los mayores errores de la izquierda reformista de aquel momento? ¿Cómo es posible que los responsables políticos, policiales y militares de esta cruel y sanguinaria represión hayan gozado de una completa impunidad?

JG.- El PCE dirigido por Santiago Carrillo era la fuerza predominante, pero pasó de rupturista a reformista en menos de un año. El PSOE era directamente reformista. La extrema izquierda, muy activa al final de la dictadura, estaba muy fragmentada. Sin embargo, la situación en la calle era muy distinta, las movilizaciones ciudadanas eran muy frecuentes, numerosas e intensas.

Los sectores más clarividentes de la burguesía y el imperialismo norteamericano eran conscientes de que la ­dictadura y sus defensores ­conducían la situación a un callejón sin salida. En consecuencia, plantearon una salida que se podría resumir en deshacerse de los rasgos más impresentables del régimen con los mínimos costes para los suyos. Esto se concretó en una oferta de libertades formales a cambio de una drástica reducción de la conflictividad, pero garantizando que los intereses económicos o carreras profesionales del aparato del Estado sufriesen los mínimos daños.

El resultado fue una democracia homologable a la baja con las occidentales, pero, eso sí, administrada por los de siempre: policía, ejército, judicatura, alta administración… continuaron dirigidas por los mismos personajes. La izquierda reformista aceptó reformas cosméticas a cambio de pacificar las calles. Las elecciones y los Pactos de La Moncloa fueron los puntos de inflexión. Sin embargo, los problemas siguieron, los sectores más retrógrados continuaron campando a sus anchas, los casos de los incontrolados, el 23F, los GAL y una larga lista de asuntos menores nos indican que fue un cierre en falso. El que todavía sigan problemas con la memoria histórica lo prueba.